Lawfare en Argentina: un pedagógico caso de “detección temprana”

La impuntual evidencia de la intervención

Dos décadas debieron transcurrir desde la puesta en marcha del Plan Cóndor hasta que los llamados “Archivos del terror” descubiertos en Lambaré, Paraguay, aportaron evidencia física irrefutable de la coordinación de militares, policías, civiles y agentes de inteligencia estadounidenses en un plan sistemático y transnacional de exterminio durante la vigencia de las dictaduras del Cono Sur, en la década del 70. Aquellos eran tiempos de anticomunismo y contrainsurgencia, doctrinas que orientaban la acción y la estrategia intervencionista de Estados Unidos en toda la región.

Estas doctrinas y estrategias han mutado, pero no se han detenido. Naturalmente opacas y secretas, demoran, como sucedió en los tiempos de “Cóndor”, largos plazos en poder ser develadas. Esto ocurre, por lo general, cuando se produce la desclasificación de archivos militares o de los servicios de inteligencia, con frecuencia cumplido ya el ciclo biológico de víctimas y victimarios, lo que garantiza la impunidad y la ausencia de políticas de verdad y reparación. En el caso de los Estados Unidos, la desclasificación de algunos documentos se produce de forma automática al llegar al cuarto de siglo de su elaboración, proceso no exento de trabas y reveses judiciales.

Quienes estudian las nuevas doctrinas y estrategias de intervención desplegadas a lo largo de las últimas tres décadas (coincidentes, a nivel regional, con el fin del ciclo de radicalidad político-militar de América Latina y el Caribe, y a nivel global con la disolución del bloque soviético y la consolidación de un orden geopolítico unipolar) saben que lo único que se puede hacer, la mayoría de las veces, es arrojar indicios, recoger testimonios y formular hipótesis razonables y verosímiles, pero que difícilmente pueden ser probadas de forma satisfactoria durante el tiempo de vigencia de estas mismas doctrinas y estrategias que todo el tiempo procuran borrar sus propias huellas. Nos referimos a los entramados, los actores concretos y los detalles de procesos como el lawfare, la guerra económica, el paramilitarismo y el sicariato trasnacionales, el intervencionismo humanitario, el oenegeismo colonial o la instrumentalización geopolítica de grupos confesionales.

Sin embargo, muchas cosas han cambiado desde los tiempos del “Cóndor” y los Archivos del terror. La creciente digitalización de la vida social (que afecta también, y notablemente, a la política y la geopolítica) ha llevado a que cierta información sensible y trascendental que antes se ocultaba en sórdidas oficinas y archivos clandestinos, circule hoy a través de ordenadores, teléfonos celulares, satélites y redes tentaculares de fibra óptica que recorren el planeta.

Esos flujos de información, protegidos pero vulnerables, han permitido que la investigación periodística o el accionar de hackers y ciber-activistas presenten al gran público materiales que de otra manera nunca se conocerían, o al menos no de forma completa y puntual. Sin ir más lejos, este salto tecnológico es el que sentó las bases de la fundación de WikiLeaks y del proceso de divulgación de información clasificada más importante de la historia de la humanidad, lo que convirtió a su fundador, Julian Assange, en nada menos que el enemigo público declarado de todas las potencias occidentales.

 

 

Por todos los medios: lawfare en Argentina
Muy sintomático resulta, al respecto, lo que sucedió hace pocos días en la Argentina. Allí, la filtración de las conversaciones de un grupo de Telegram conformado por jueces federales, empresarios, funcionarios del principal partido de oposición (incluido un Ministro de la Ciudad de Buenos Aires) y operadores y directivos del principal mutimedios del país (el Grupo Clarín), arrojaron una temprana e inesperada prueba de la existencia incontestable de un fenómeno tan controvertido en el país y en la región: el llamado lawfare o guerra judicial por vía política.

Las conversaciones filtradas revelan la articulación de actores políticos, mediáticos y judiciales de primer nivel, que intentaban encubrir un viaje realizado, con fines secretos, a la estancia del magnate Joe Lewis, terrateniente de nacionalidad británica que ostenta la propiedad mal habida de al menos 12 mil hectáreas en la Patagonia argentina, que incluyen la apropiación privada de un lago entero en la provincia de Río Negro. Lewis es además un importante inversor en el capital sector energético y aliado estrecho del ex presidente Mauricio Macri.

Todos los mecanismos del lawfare, o al menos los limitados a la órbita nacional, aparecen allí descriptos de forma explícita y coloquial: el señalamiento de objetivos político-judiciales de entre los dirigentes, militantes o funcionarios de coaliciones progresistas (en este caso el director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, pero también el senador y presidente del Partido Justicialista de la ciudad capital, Mariano Recalde); el linchamiento mediático preparatorio de las víctimas; la articulación de narrativas comunes y el silenciamiento deliberado de ciertos temas entre las diferentes corporaciones de prensa; el armado de causas falsas que incluye a jueces, fiscales y funcionarios; la preparación y orientación de falsos testigos; la filtración de información sensible y oportuna de parte de agentes de los servicios de inteligencia, etcétera.

Pero tan relevante como el contenido explosivo de los chat, es el momento en que estos fueron develados, apenas pocos días antes de que se diera a conocer la sentencia por la llamada “Causa Vialidad”, que acaba de sentenciar a Cristina Kirchner a seis años de prisión (a los que puede apelar, y que no pueden hacerse efectivos por los fueros parlamentarios con los que cuenta la vicepresidenta). Pero lo más importante es que la sentencia pretende inhabilitar políticamente y a perpetuidad a la principal lideresa política del país, en línea con lo sucedido con Lula da Silva en Brasil y con Rafael Correa en Ecuador, o en procesos más incipientes como los de Perú (contra el gobierno de Pedro Castillo) o El Salvador de Nayib Bukele (contra la oposición del FMLN).

De todos modos, por ahora, la “detección temprana” del más reciente proceso de lawfare desatado en la región parece haber puesto en alerta a diferentes actores nacionales e internacionales. Eso explica, en buena medida, la propuesta de diferentes sectores sociales, y en particular del oficialismo, de democratizar la justicia argentina a través, en principio, de la reforma de dos órganos clave del Estado: la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura, su órgano rector. Sin embargo, estas reformas aparecen como necesarias pero no suficientes, y deberían ir aparejadas de la plena rehabilitación de la llamada Ley de Medios, muerta sin sepultura, para beneficio de los actores mediáticos claves de la estrategia de lawfare. Respecto a la reforma judicial, sería interesante difundir en Argentina la experiencia notable de reforma judicial boliviana, que incluye, entre muchos otros avances, la elección popular de magistrados (sistema aplicado, para quienes desconfíen, desde algún ángulo racista, del exitoso experimento boliviano, hasta en los propios Estados Unidos). La podredumbre probada de todo un poder del Estado amerita la retroversión de ciertas capacidades decisorias al único soberano que es el pueblo argentino. ¿Cómo reformar un brazo entero de la estatalidad sin pensar en procesos constituyentes, e intentando, por ahora infructuosamente, doblegar a un poder (el judicial) con otro (el ejecutivo)? Sobre todo cuando un poder opera constreñido por la Constitución y el escrutinio público y mediático, y el otro opera en la más completa clandestinidad y sin ningún mecanismo de contraloría social.

“La podredumbre probada de todo un poder del Estado amerita la retroversión de ciertas capacidades decisorias al único soberano que es el pueblo argentino”
Antecedentes resonantes en Brasil y Ecuador
Los chats hackeados por el sitio Breached se suman así a los documentos filtrados por WikiLeaks el 11 de enero de 2006, que evidenciaron que Michel Temer, ex vicepresidente de Dilma Rousseff y uno de los principales operadores del proceso de lawfare que la apartó de su cargo en el impeachment del año 2016, era uno de los informantes principales de la embajada norteamericana en Brasil. De hecho, la comparación entre el juez estrella del “Lava Jato” Sergio Moro, y algunos de los fiscales y jueces que están detrás de las numerosas causas lanzadas contra Cristina Kirchner (en varias de las cuales ya ha sido sobreseída) arroja similitudes notables: en particular su participación en actividades “formativas” y otros viajes recurrentes a los Estados Unidos. En el caso brasileño, además, Kenneth Blanco, fiscal general adjunto interino del Departamento de Justicia norteamericano, afirmó en 2017 que su país tuvo una “estrecha relación” con Brasil durante el Lava Jato. Se trata del mismo personaje que, en aquel año, se reunió en Argentina con Mauricio Macri (en sus palabras, uno de sus “nuevos socios internacionales”) y con el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Como se ve, el intríngulis entre operadores judiciales, medios de comunicación y políticos neoliberales no se limita a las fronteras nacionales, y tiene siempre por detrás algún tipo de conexión norteamericana.

Diversos análisis circulados en portales y redes sociales prevén que esta aplicación del lawfare en Argentina “fallará como falló en Brasil”. La lectura es fundamentalmente errónea por dos motivos. En primer lugar porque ignora el balance trágico del experimento brasileño, sin importar que en un singular “final feliz” se hayan anulado todas las condenas contra Lula da Silva, recuperando este sus plenos derechos políticos y arribando por tercera vez a la presidencia del gigante sudamericano. El Lava Jato y la demonización de la política en general y del Partido de los Trabajadores en particular, abonó el terreno para el impeachment a Dilma Rousseff en 2016 y abrió las puertas al gobierno de Jair Bolsonaro tras el interregno de Michel Temer y sus políticas austericidas.

Pero aún hay más: el Lava Jato fue una operación geopolítica de envergadura para golpear las proyecciones del “Brasil potencia”, como ya se desprende del celo con que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos venía vigilando a Brasil, considerado un contendor de los norteamericanos y un país estrechamente vinculado a China, según se desprende de los documentos filtrados por Edward Snowden en 2013. El entramado productivo y comercial de un país que ya era activo miembro del BRICS y venía trasnacionalizando sus empresas estatales salió severamente lesionado, como sucedió con la petrolera Petrobras, la aeronáutica Embraer y la alimentaria JBS, todas en el foco de las investigaciones. En suma, las elecciones condicionadas en donde Lula no pudo competir, el aislamiento geopolítico de Brasil y la interminable lista de crímenes del gobierno de Bolsonaro (desde la desidia frente al Covid hasta la quema voluntariosa del Amazonas) son las cenizas que quedan de aquel fogonazo de guerra judicial.

Pero la lectura del “fracaso del lawfare en Brasil” esconde por lo mismo un segundo error: confunde a un proceso integral con su punto cúlmine, y a los objetivos visibles con los objetivos generales: no todos los procesos de guerra política por vía judicial terminan o han de terminar necesariamente con un dirigente político o líder social preso o inhabilitado políticamente. Como diversos analistas y víctimas del lawfare han señalado, la guerra judicial busca disciplinar, desmoralizar, demonizar y desmovilizar no sólo a líderes políticos, sino a los dirigentes de segundo rango, a los militantes, a los funcionarios, a los sectores no alineados de los poderes judiciales y a las poblaciones en general. Su carácter punitivo, y el paroxismo al que suele llegar el linchamiento mediático, tiene un carácter claramente disciplinario. De hecho, la propia declinación de la candidatura de Cristina Kirchner, sin dudas la noticia política local más importante del año y de los meses por venir, envalentona a una derecha que cargará el triunfo a cuenta del lawfare y su capacidad de inhabilitación, ya no política ni jurídica, sino social y mediática de sus adversarios.

El caso de Ecuador no resulta menos emblemático: allí, el poder judicial y el lawfare no sólo fueron el principal ariete lanzado para desalojar de la competencia democrática a Rafael Correa y al gobierno de la Revolución Ciudadana, para lo que se fraguaron 40 procesos judiciales: fueron, incluso, el terreno privilegiado de la articulación de intereses y estrategias que llevó a la presidencia al banquero Guillermo Lasso. Acusados alternativamente de corrupción o “rebelión”, estos procesos terminaron con la condena y exilio de Correa, la prisión del ex vicepresidente Jorge Glas y con la persecución de Paola Pabón, prefecta de Pichincha, y de Gabriela Rivadaneira, ex presidenta de la Asamblea Nacional, junto a otros asambleístas. También allí, diversas fundaciones y entidades financiadas por la Fundación Nacional para la Democracia (NED) tuvieron un rol clave en la generación de narrativas propiciatorias, y también allí, la resultante del cambio de régimen favorecido por la aplicación del lawfare derivó en un nuevo gobierno realineado con la política exterior de los Estados Unidos.

 Foto: Leo Vaca
En defensa del (concepto de) lawfare
De vuelta a la coyuntura argentina, la “detección temprana” de este ejercicio de lawfare que mencionábamos ofrece un amplio abanico de posibilidades, considerando que uno de los balances preliminares de Brasil y Ecuador son los escasos índices de movilización social que estos mecanismos de guerra política y judicial produjeron entre las poblaciones afectadas (he ahí la eficacia paralizante de narrativas anti-corrupción tan difíciles de desmontar, más aun cuando la corrupción es un hecho real y verificable). Una de esas posibilidades, hoy perentoria, es desplazar la impugnación al lawfare de la enunciación de las propias víctimas, de ciertas tribunas mediáticas más o menos alternativas y/o marginales y de algunos recintos académicos hacia las calles y plazas del país.

Las capacidades de movilización social, aletargadas o cuando menos sectorializadas en la Argentina del Frente de Todos, tienen por suerte por detrás el recuerdo de una conciencia histórica fraguada en los últimos cuarenta años de democracia y, en un ciclo largo, en la historia que arranca con el primer peronismo y culmina en la radicalización política de los años 60 y 70. Pero también el necesario espabilar de un gobierno que ya no parece capaz de defender siguiera a sus propias figuras e intereses de grupo (de ahí el hilo no tan invisible que conecta la tentativa de magnicidio con el actual “fusilamiento judicial”, dos formas diferentes de aniquilación política).

La denuncia pedagógica de estos mecanismos, puede apalancarse en el profundo descrédito que acarrea la corporación judicial argentina, desde la última dictadura cívico-militar y la posterior transición democrática. Según un informe de Latinobarómetro, el 74% de los argentinos y argentinas confían poco o nada en el poder judicial. A esto se suma el sobreseimiento de la propia Cristina Kirchner en causas amañadas como la del “Memorándum con Irán”. Por último, no podemos dejar de mencionar la toma de conciencia inducida por los experimentos pretéritos de lawfare en naciones vecinas, en particular el muy resonante caso del encarcelamiento y posterior liberación y rehabilitación política de Lula da Silva en Brasil. Como sucedió en los tiempos del Plan Cóndor, las doctrinas y estrategias de intervención (las viejas y las nuevas) dependen en cierta medida de un factor sorpresa, de su secretismo y clandestinidad, y van perdiendo eficacia conforme sus tramas se revelan y la población toma conciencia general de sus mecanismos típicos.

En la intervención pública de Cristina Kirchner que siguió a la confirmación de su muy anunciada sentencia, algún giro (quizás conceptual o tal vez de estrategia comunicacional) llevó a la vicepresidenta a prescindir y hasta renegar expresamente del enfoque del lawfare, dando a entender que este era alguna especie de abstracción teórica o una figura meramente retórica. La ex mandataria enfatizó en cambio la ilegalidad constitutiva del poder judicial (su carácter de “mafia”) y su paraestatalidad (el Estado paralelo). Sin embargo, nada de lo sostenido en un discurso de gran valor histórico, ni ninguna de las pruebas aportadas por la filtración del mencionado grupo de Telegram, contradicen en ningún punto la caracterización de lo que está sucediendo en argentina como un proceso de lawfare o de “guerra política por vía judicial”.

Por el contrario, la idea de lawfare tiene el valor añadido de señalar la dimensión regional y geopolítica de estos procedimientos, que no pueden ser abstraídos en su dimensión estrictamente local, bajo el peligro de considerar que son sólo los intereses corporativos los que explican el accionar de jueces y fiscales formados, cooptados y/o comprados en los Estados Unidos. Esta dimensión regional y geopolítica sí ha estado presente en otras alocuciones de la propia vicepresidenta, por ejemplo en relación a la causa del Memorándum con Irán. Y si hablamos del caso brasilero o ecuatoriano, este trasfondo internacional ya resulta lo suficientemente claro. Es cierto que no disponemos aún en Argentina de pruebas tan ominosas como algunas de las filtradas por WikiLeaks sobre el lawfare y sus intereses en Ecuador o Brasil, ni tampoco los chat de Telegram manifiestan con la misma claridad meridiana la injerencia norteamericana. Sin embargo, es claro que la disponibilidad de ingentes recursos de litio, y el potencial energético afincado en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta, son el equivalente argentino del descubrimiento del Presal en Brasil o de la intención de convertir a Ecuador en un paraíso financiero, una especie de “Panamá de los Andes”. En síntesis, el poder judicial es, a la vez que una “corporación nacional”, el ariete local de estrategias y doctrinas de intervención de carácter regional y global, como lo desvela el enfoque del lawfare, un vocablo cada vez más habitual en el lenguaje cotidiano de latinoamericanas y latinoamericanos.

 
Referencias:

Calloni, Stella (2016). Operación Cóndor, pacto criminal. Editorial El Perro y la Rana: Caracas.

Rivara, Lautaro y Prieto, Fernando Vicente (coord.) (2022). El nuevo Plan Cóndor: geopolítica e imperialismo en América Latina. Editorial Batalla de Ideas e Instituto Tricontinental.

Romano, Silvina et al (2019) Lawfare. Guerra judicial y neoliberalismo en América Latina. CELAG.

*Lautaro Rivara
Sociólogo argentino, doctorando en Historia (CONICET) y docente universitario. Periodista y analista especializado en temas latinocaribeños. Corresponsal de Globetrotter (Independent Media Institute) y editor general de ALAI. Coordinador de los libros “El nuevo Plan Cóndor” e “Internacionalistas”.

Nota publicada en ALAI | Agencia Latinoamericana de Información