La violencia policial estatal avanza casi tan letal como el coronavirus. Los sectores vulnerabilizados sufren tanto la pandemia y la crisis económica como la brutal represión en sus barrios y villas. Desde el 30 de abril contamos con un desaparecido más. Ni la justicia, ni una gran parte de la casta política han tenido la voluntad de entender que cuando gritamos “Nunca Más”, demandamos acciones y políticas públicas garantes de derechos fundamentales que no sean coartados arbitraria y sistemáticamente por las distintas fuerzas de seguridad del Estado y sus provincias. Hoy gritamos: justicia por Facundo Astudillo Castro y todas las personas desaparecidas por la violencia genocida de ayer y hoy. En esta cuarta parte abordaremos los casos de violencia policial estatal en Río Negro, Corrientes y La Rioja.
Estudios e infomes 21/08/2020 Rodrigo Savoretti Andrada
Para conocer las realidades de estos territorios provinciales nos comunicamos con distintes militantes y organizaciones. Hablamos con Colectivo al Margen y la Multisectorial Contra la Represión, ambas de Río Negro. Con la Federación Campesina Guaraní de Corrientes y también con Libre Diversidad de La Rioja.
Ilustración: paz
La provincia gobernada por Arabela Carreras es un “narco estado” según el abogado defensor de la familia de Facundo Astudillo Castro. Leandro Aparicio, también abogado defensor de la familia de Daniel Solano así lo definió para el sitio anred.org: “en el Caso Daniel Solano, en Río Negro, uno puede ver como el Estado es, no por omisión sino por acción, partícipe de la trata, del narcotráfico, de la estafa y de la mano dura: siete policías desaparecen y asesinan a un trabajador guaraní en un contexto de trata y de narcotráfico (en una provincia narco como es Río Negro), y actualmente siguen siendo policías, a pesar de tener dos condenas en contra, y siguen cobrando los sueldos, no hay nadie más investigado”.
Desde Colectivo al Margen, organización social y popular de Bariloche nos aseguran que se notó la presencia policial en las calles, pero sobre todo en los barrios. “Se profundizó una violencia que ya pasaba, y además al darle más poder a la Policía, se incrementaron las acciones de violencia institucional” denuncian.
A continuación, ratificaremos con hechos lo denunciado por les militantes:
El primer día de abril la Policía rionegrina detuvo a Héctor C. cuando se dirigía a realizar las compras para su familia. No conformes con actuar fuera de la ley y en clara arbitrariedad, mantuvieron esposado al albañil mientras lo golpeaban ferozmente. Tampoco conformes con violar los Derechos Humanos, siguieron en su cínico accionar y torturaron al hombre calentando con fuego las esposas que ya le marcaban las muñecas.
El 2 abril en la localidad de El Bolsón, Pablo Daniel O. iba a realizar compras en su camioneta. La Policía local lo paró y sin mediar palabra alguna lo detuvieron y le retuvieron su vehículo. Una vez detenido fue trasladado a la comisaría donde lo desnudaron y encerraron esposado en una celda.
La Comunidad Mapuche Buenuleo ubicada a unos ocho kilómetros al sur de Bariloche inició en septiembre del año pasado un proceso de recuperación de sus tierras ancestrales. El territorio había sido “comprado” ilegalmente por el empresario Emilio Freiderich. El pasado 29 de abril, dicho terrateniente financió y organizó a un grupo de choque -en complicidad con la Justicia y la Policía rionegrina- para atacar a la comunidad. Un grupo de hombres armados con cuchillos se presentó en el territorio sin ser detenidos por la custodia policial que de por ley tiene que velar por la seguridad del lugar. Una vez allí empezaron a amedrentar a les habitantes. Les persiguieron, golpearon y hasta casi asesinan a un comunero hiriéndole en el cuello de una cuchillada. Los victimarios fueron detenidos tiempo después de sus cometidos y liberados en cuestión de minutos.
Foto: Comunero mapuche herido de arma blanca en su cuello
La complicidad entre la Justicia y la Policía de Río Negro es cada vez más evidente. Y la voluntad política de cambiarla no existe. “Ni siquiera la Justicia ni la Policía modificaron sus acciones y formas cuando la misma fuerza se vió implicada en la muerte de Lucas Muñoz, un policía de Río Negro", aseguran desde Colectivo Al Margen.
Y sostienen: “la Policía está para reprimir cualquier tipo de expresión o manifestación pública que se realice, y también para perseguir a la gente de los barrios populares”.
A fines de abril, un grupo de trabajadores golondrinas que regresaban desde Mendoza, fueron obligados a acatar el aislamiento en un polideportivo en condiciones de extrema precariedad. Ante la desidia y abandono del gobierno, militantes del FOL acudieron a llevarles comida y alimentos ya que en las instalaciones no había agua ni personal de salud e higiene, tampoco sanitarios suficientes. La Policía no tuvo mejor idea que detener a los militantes para luego liberarlos con imputación penal.
El 5 de mayo, en el barrio Anai Mapu de Cipoletti, la Policía interceptó a un militante de Red Puentes cuando volvía de comprar pan en la esquina de su casa. Sin voz de alto, comenzaron a dispararle en la espalda balas de goma cuando entraba a su casa.
En la tercera semana de julio un grupo de jóvenes de Villa los Coihues fueron detenidos por “averiguación de antecedentes”. A los gritos y amenazados por los uniformados que les apuntaban con sus armas largas, los llevaron a la comisaría 27 de Melipal. Allí los retuvieron más de 10 horas.
A fines de junio, un hombre denunció que fue abusado sexualmente en la Comisaría 45 de Cipoletti por los uniformados que anteriormente lo habían detenido tras un conflicto en la Iglesia Evangélica en la que se encontraba.
El dos de agosto, cerca del límite entre Río Negro y Chubut, a metros de un control policial ubicado en la ruta 40 que separa Lago Puelo de El Bolsón, la Policía detuvo a un pibe de 16 años llamado León. El joven iba a reunirse con su madre (quien lo esperaba a pocos metros del lugar) cuando fue violentamente detenido por los policías del control. Su madre corrió desesperada al ver a su hijo se prácticamente secuestrado pero no pudo evitar que lo metieran en el patrullero. “Andá a buscar a tu hijo al calabozo” le gritaron. Lo pasearon un tiempo con una bolsa en la cabeza mientras lo golpeaban salvajemente con piñas y patadas. El joven quedo internado con graves heridas. El motivo de la detención habría sido el derribo de un cono por parte de León. Su madre dijo que si ella no estaba allí, a su hijo lo desaparecían como a Facundo Castro.
Foto: el joven León casi es asesinado por la Policía solo por llevarse puesto un cono
El tres de agosto la Policía rionegrina detuvo a Tomas, un joven vendedor de churros. Violentaron al trabajador cobrándole una multa y robándole cinco docenas. Hace una semana atrás lo detuvieron de nuevo y le pusieron otra multa. La Policía en sí no tiene ni la facultad de decomisar mercadería, ni mucho menos la de hacer multas. Funcionarios estatales que andan calentitos en su nissan OKM le roban y hostigan a un trabajador de a pie que aguanta un frío polar mientras ellos cobran un sueldo pagado por Tomás y toda la ciudadanía rionegrina.
El 10 de agosto, la Policía acudió a realizar un procedimiento en el barrio Costa Norte (Cipoletti). Los uniformados aseguran que mientras reprimían se les “escapó” un tiro que fue a parar justo a la cabeza de un joven del lugar. Actualmente se encuentra con muerte cerebral a la espera de la ablación de órganos.
El reciente 12 de agosto, dos integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu del territorio Relmu Lafken weichafe Rafael Nahuel iem, sufrieron la amenaza bajo arma de fuego por parte de dos policías de civil. Denunciaron que mientras caminaban cerca de la entrada principal del territorio recuperado les gatillaron desde un automóvil. Hace casi tres años el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina disparó 114 veces contra este LOF ubicado en cercanías al Lago Mascardi. En aquella oportunidad el prefecto Francisco Javier Pintos fusiló por la espalda al weichafe Rafael Nahuel de 21 años. Actualmente se encuentra en libertad.
Foto: Francisco Javier Pintos, asesino en libertad
El domingo 16 se hizo viral un video en donde la Policía rioegrina intercepta a una mujer que paseaba su perro por la zona Este de Bariloche. Entre varies efectives la detuvieron de manera violenta. La mujer gritaba desesperadamente pedidos de auxilio mientras la ahorcaban y maltrataban para subirla al patrullero.
En la provincia del cambiemita-radical Gustavo Valdéz, el Jefe de Policía, Felix Barbosa, está denunciado por obligar a sus agentes a asistir –sin uniforme- a un acto de campaña de Macri en el 2019. Teniendo ese dato –no menor- en cuenta, sigamos con los cumplidos de su gestión en lo que va de la cuarentena:
A tres días de impuesto el APSO, y un día antes de una fecha tan dolorosa como el 24 de marzo, oficiales de Corrientes fueron filmados por una vecina de la localidad de Goya mientras detenían arbitrariamente a un grupo de pibes y les disparaban cerca de sus cabezas con la 9mm.
Días más tarde la misma fuerza detuvo a Juan Albero C, trabajador carrero y sobreviviente de la represión de diciembre de 1999 en el Puente General Belgrano donde fueron asesinados por la Gendarmería Nacional, Mauro Ojeda (joven manifestante) y Francisco Escobar (trabajador cartonero). A más de veinte años de aquella masacre, la Policía sigue persiguiendo a los mismos trabajadores que siguen sobreviviendo a la misma precariedad y pobreza.
El 16 de abril Miguel Ángel H (18) chocó en su moto contra otra moto. Se hicieron los trámites habituales en estos accidentes como el traslado de los conductores al hospital y demás. Pero al día siguiente, la Policía fue al domicilio de Miguel para detenerlo por “violar la cuarentena en el accidente”. Se le dictó prisión preventiva por 19 días. El otro conductor (candidato a concejal por el PJ) no tuvo ningún inconveniente. Miguel es albañil.
En la primera semana de abril una enfermera que trabaja en Chaco, pero vive en el barrio San Marcos de Corrientes contrajo covid19 y contagió a las personas con las que convive. Como medida de “prevención” el gobierno provincial aisló a las dos mil habitantes del barrio mediante una militarización de la zona llegando a instalar un ilegal estado de sitio.
Para conocer en primera persona la situación represiva en la provincia, dialogamos con Miriam, militante integrante de la FECAGUA (Federación Campesina Guaraní).
“Somos campesinos originarios organizados en cooperativas” manifiesta. Y con orgullo, avisa: “nuestra política es el trabajo sin patrón, la autonomía alimentaria y la remuneración genuina. Nos organizamos en asamblea respetando la decisión de la mayoría”.
Con respecto a la represión, Miriam relata: “hubo total abuso de autoridad y muchas golpizas policiales, pero no solo en la pandemia, siempre ha sido así y en todo el país. El pobre siempre es el más perjudicado, ya sea productor o ganadero, se le avasallan sus derechos. El rico es el que compra el poder de la autoridad policial”.
La militante campesina asegura que en toda marcha y/o manifestación popular que se llevaba a cabo en Corrientes, la Policía terminaba atropellando y violentando a les manifestantes. No había protesta pacífica porque la fuerza así no lo quería.
La provincia es gobernada por el pejotista Ricardo Quintela, personaje vinculado directamente con el narcotráfico riojano desde sus épocas como intendente (2003-2015). Ahora como gobernador se queja que han tenido que cerrar los “cabaret” por la culpa de la pandemia. Desde Madres de Víctimas de Trata lo denunciaron públicamente: “un funcionario estatal, nada menos que el gobernador de la provincia de La Rioja, es cuanto menos cómplice de la explotación sexual, porque le consta la existencia de estos lugares, centros clandestinos de violación”.
El 21 de mayo la Policía detuvo a tres periodistas que se encontraban trabajando y tomando registro con sus cámaras de la posta policial ubicada en la comercial Av. Perón. Los llevaron a la comisaría y luego los liberaron. ¿El delito?: portación de cámara.
El 16 de julio la Policía reprimió a los trabajadores de San Francisco y 20 de Mayo impidiendo que realicen una olla popular.
Debido al cómplice ocultamiento y la arbitraria omisión de información sobre casos de violencia institucional -tanto de medios de comunicación riojanos oficialistas como “opositores”- nos pusimos en diálogo con Delfina, militante de Libre Diversidad La Rioja (Movimiento Socialista de los Trabajadores).
“El accionar de la yuta en La Rioja es como en todo el país y en todo el mundo: nefasto y criminal. Se para a les jóvenes por portación de rostro. Es moneda corriente la violencia policial. Los barrios están militarizados y la yuta cada vez tiene más impunidad. Justamente hoy hablando con una vecina de un barrio nos contaba que a su hijo la Policía lo asesinó y luego lo ahorco para hacerlo pasar por suicidio”, expresa con impotencia Delfina.
La represión en las calles ha llegado al punto extremo de transformar centros deportivos en centros clandestinos de detención. “El Centro Cinco era un lugar recreativo donde une iba a hacer deporte. Ahora la Policía lo cerró para convertirlo en una comisaría ilegal donde llevan a la gente que arbitrariamente detienen en la calle” manifiesta la militante socialista.
A continuación, invitamos a la persona lectora a que profundice su interés antirepresivo y siga el debate, la problematización y la rosca compartida con las distintas organizaciones sobre los siguientes apartados: Organizarse para resistir la represión. Pueblos originarios: el eterno genocidio. Violentos y violentades. Patriarcado policial. Comunicación antirepresiva. Vigencia del Nunca Más.
Ilustración: yafuetodo
La Multisectorial Contra la Represión en Bariloche nació durante la rebelión popular llevada a cabo el 27 de junio de 2010 después que el agente policial Sergio Colombil fusilara a Diego Bonefoi de 15 años a un metro de distancia. Caro, integrante de la Multisectorial y también de ATE, nos pone en contexto: “El barrio se levanta cansado de la represión y de la muerte de un vecino más. Otros barrios se sumaron y el Estado respondió con más represión. Salieron grupos de policías de todos lados a matar. Asesinaron a Sergio Cárdenas de 29 años y a Nicolás Carrasco de 16. Hirieron a más de una docena de pibes y pibas. La ciudad estaba en Estado de sitio. Nosotros hablamos de terrorismo de Estado porque fueron 48 horas donde desaparecían los pibes, los torturaban, los vejaban. Ante esa situación crítica, les militantes y vecines nos empezamos a organizar y formamos la MCLR”.
Imagen: Multisectorial Contra la Represión
Caro cuenta a continuación algo que se vive en muchas otras provincias del país. Cuando te organizas, la Policía te violenta con más saña y perversión que antes: “cuando empezamos a intervenir en las detenciones arbitrarias comenzamos ser perseguidos mediante causas armadas y mala prensa. La Policía empieza a actuar como una corporación en donde la Justicia acompaña y protege y el poder político manda de acuerdo a lo que dice el poder económico que en esta zona es el que tiene todo el peso por el turismo y las tierras”.
“Nuestro eje es antirepresivo, entendiendo que esta orga es nuestra forma de construir pero que tiene un techo ya que en este sistema siempre vamos a tener que pelear contra el aparato represivo que es el que usa el económico para dominarnos”, expresa la militante.
Al igual que en la mayoría de los demás territorios provinciales y municipales del país, en Bariloche no hay un lugar específico para denunciar hechos de violencia policial. Con respecto a esto, Germán, también militante de la Multi y a su vez de HIJOS, relata: “desde lo institucional, están las fiscalías, pero se mueven a favor de la Policía. Las denuncias nos llegan a las organizaciones donde es todo a pulmón. Hace dos años se formó el Comité contra la Tortura de Bariloche, pero no toma denuncias particulares. Lo que es más grave aún es que no hay un Comité Contra la Tortura a nivel provincial. Durante varios gobiernos se intentó formar, pero el ejecutivo y legislativo lo frenan”.
Recientemente el Comité instó –de manera preocupada y urgente- al Ministro de Seguridad de RN y al Procurador a tomar cartas en el asunto de la violencia institucional, ya que se han multiplicado dichos casos y la situación en los lugares de encierro es verdaderamente alarmante. Aquí más información al respecto.
No querer legislar para prevenir la tortura significa un aval a la tortura como medio de terror y hasta una política de estado al ser ejercida por funcionarios estatales. Cuanto menos una complicidad para con los torturadores.
“La posición política tiene que ser la solución para la represión. No abandonar la calle, no abandonar la organización. Ellos quieren tener el control social para deforestar la tierra y la salida es la resistencia. Mientras sigamos en el capitalismo lo único que podemos disputarle es la política” sentencia Germán.
La institución Policial argentina es históricamente tan genocida como las mismas Fuerzas Armadas Argentinas. Ambas han sido responsables de crímenes de lesa humanidad como por ejemplo de la detención, tortura y desaparición seguida de muerte a más de 30 mil hermanos y hermanas argentines en la última dictadura cívico militar eclesiástica.
Pero si de represión hablamos, los pueblos originarios son la fiel víctima de este círculo vicioso de exterminio implementado por la clase dominante. Desde la llegada de los genocidas occidentales en 1492 hasta hoy en día, las autoridades (siempre) blancas, los siguen reprimiendo, criminalizando, excluyendo y asesinando. Nunca está de más recordar que el mismo Estado argentino se funda sobre un genocidio comandado por Julio Argentino Roca en lo que mal denominamos como “Campaña del desierto”. Si, el mismo tipo y el mismo proceso genocida que hasta no hace mucho tiempo teníamos impresos en el billete con más valor de nuestra moneda y también impreso en nombres de calles, avenidas, pueblos, plazas y escuelas.
Foto: personas nativas mapuches en un zoológico humano ubicado París (SXIX)
En el país existen y resisten más de 36 pueblos originarios y naciones preexistentes a lo que hoy conocemos como Argentina. Todos ellos han sufrido los costos del negocio genocida conocido como “civilización y progreso”. Y las prácticas policiales de hoy –nunca ajenas a estos procesos políticos- mucho tienen que ver con las prácticas policiales y militares -no solo de la última dictadura- sino también con aquél primer genocidio llevado a cabo por el Estado. La tradición represiva tiene una larga data y quizás algunos matices temporales, pero las similitudes en los procesos de detención, tortura, asesinato, siguen siendo los mismos, y siempre recaen sobre una otredad negra, pobre, nativa y explotada/esclavizada.
Foto: el genocida Julio Argentino Roca y su tropa
Desde la Multisectorial Contra la Represión acompañan a las comunidades mapuche que pelean por lo que les fue injusta y violentamente arrebatado allí en el “desierto” más poblado del mundo.
“Las comunidades mapuches vienen desde siempre luchando por sus territorios, contra el racismo y el miedo que les impuso este Estado desde su genocidio fundante. En estos últimos años se ha dado un fenómeno que comienza en las villas y barrios pobres de las ciudades con un reconocimiento mapuche, un reconocimiento de su identidad. Empiezan a verse, sentirse, reconocerse mapuche. Los jóvenes al estar en contacto con los ancianos mapuches se han organizado para recuperar sus tierras” afirma Caro.
Estes pibes y pibas comienzan a conectar con su pasado, con su territorio, con su comunidad. Es allí que empiezan a sentir sus raíces ancestrales. Esas que fueron cortadas por espadas y luego olvidadas por biblias y una educación colonizadora-occidental (aún persistente).
El problema comienza justo cuando esa identidad empieza a querer echar raíces allí donde habían crecido sus abuelos y abuelas (luego expulsades a vivir en barrios violentados por el Estado).
Caro narra cómo interpreta este fenómeno una parte importante de la sociedad rionegrina y también cómo actúa en esta situación el propio sistema: “para la sociedad rionegrina hay `mapuches buenos’ que son las que viven en Parques Nacionales y barrios, y los `mapuches malos’, esos que luchan por recuperar las tierras robadas por Benetton y compañía. Estas son las comunidades conocidas por los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Venimos acompañando, entendiendo que son luchas distintas, pero con un enemigo en común”.
“Es un sistema preparado para aplastarnos a todos la cabeza. El sistema capitalista funciona con la complicidad de todos los poderes. Sobre todo con el mandato del poder económico. Acá se nota mucho por la cantidad de tierras concedidas a capitales extranjeros y transnacionales sin utilidad. Pero cuando las comunidades vienen a ocupar unas pocas hectáreas, la violencia cae sobre sus cuerpos. Todos los gobiernos han violentado a los mapuches. Quieren garantizar la minería y el agua. Pero la cosmovisión mapuche obliga a cuidar estas tierras por: el agua, la montaña, las plantas. No solamente por ellos sino por sus hijos y nietos y por todos nosotros”, enfatiza Carola.
La violencia estatal continúa con su genocidio, pero si de algo saben los pueblos originarios es de resistir, organizarse y accionar. “Han sobrevivido a un genocidio y no hay ningún acuerdo firmado para paliar la situación de tensión. Hay un acercamiento del Gobierno Nacional a escuchar, veremos cómo sigue, participamos de esa reunión. Pero está claro que el gobierno puede aceptar lo que están pidiendo o no, pero ellos van a seguir luchando igual” argumenta la militante antirepresiva.
Foto: hombres mapuches preparados para la resistencia (1920)
Foto: comunidad mapuche marchando en la blanca ciudad
“Al Estado de Corrientes le ha costado reconocernos como comunidades originarias. Entonces cuando tenemos que recurrir a la Policía por alguna cuestión, nos hacen más preguntas a nosotros que a quién deberían. El Estado desconoce las leyes y derechos indígenas” confiesa Miriam, integrante de la Federación Campesina Guaraní de Corrientes.
“El año pasado tuvimos un problema en la localidad vecina de Santa Rosa con el tema del agua en un conflicto de tierras. Y la Policía siempre tira para el lado del terrateniente. En vez de agua potable a los vecinos les dieron mangueras que después los policías mismos robaron” lamenta la militante campesina y guaraní.
Foto: FECAGUA. Campesinos guaraníes en sus tierras
¿Acaso no es también violencia colonial tener que demandarle al Estado que intentó exterminarte, un mínimo reconocimiento para considerar tu existencia y así tenerte en cuenta a través de políticas públicas que garanticen derechos como alimentación, salud y agua? Y reconocerlos y después no tenerlos en cuenta: ¿no sigue siendo violento?
¿Cuál es la respuesta de este supuesto Estado de Derecho? ¿Cuál es la intervención del sistema político democrático para con estos pueblos?
La respuesta de los gobernantes provinciales y nacionales o nunca llega, o llega con balas. En muy pocos casos llega una “ayuda”. El sistema político democrático no es compatible con el sistema capitalista financiero. El ejercicio de nuestros derechos, libertades y garantías constitucionales nunca será compatible con fuerzas de seguridad que ejercen prácticas dictatoriales y genocidas dictadas por el poder económico.
Mientras tanto, quienes explotan nuestras tierras y nos condenan a todes a un verdadero infierno capitalista sin bosques nativos -pero con millones de hectáreas con soja y alimentos transgénicos- siguen impunes y negociando con las autoridades provinciales y nacionales. ¿No es acaso este modelo capitalista extractivista y terricida una forma de garantizar la continuidad del genocidio de Colón, Roca y compañía?
La clase dominante argentina y transnacional han capitalizado todo a su favor (a costa de sangre y pobreza planificada): sistema político, sistema judicial, sistema económico, sistema de salud, sistema tributario, sistema represivo, sistema mediático y, por si fuera poco, el dominio casi absoluto de las tierras ancestrales donde habitaron y habitan –ahora en menor medida- los y las nativos/as. Por lo tanto, les multimillonaries argentines y extranjeres deciden qué alimentos comemos, qué agua tomamos, qué aire respiramos, qué transgénico y medicina adicta debemos meter en nuestros cuerpos, y qué territorio debe ser explotado por la mega minería y el frakking.
Video: capitalismo genocida implícito. Advertencia: debería herir su sensibilidad
En cuanto al aparato represor y sus métodos de violencia mucho no ha cambiado.
Había centros de tortura y exterminio de originarios en la Buenos Aires blanca de fines del SXIX, principios del XX, mientras las mujeres originarias eran esclavizadas en las casas de las familias más ricas del país. Y los hijos/as, esclavizades y obligades a desarraigarse de su cultura.
Hubo centros de detención, tortura y exterminio de anarquistas y socialistas en las primeras décadas del siglo pasado en los confines del sur patagónico. Y hubo centros clandestinos de detención, tortura y exterminio hace tan sólo unas cuatro décadas atrás en casi todas las provincias del país. Robaban bebés, violaban compañeras mujeres y tiraban ciudadanes vivas/os desde aviones al río.
Hoy en día hay comisarías ilegales montadas en polideportivos, barrios enteros militarizados por Gendarmería o fuerzas especiales, comisarías “legales” donde se sabe que, si une es llevade allí, es difícil que pueda salir con vida o tal como ingresó, y comisarías en donde les detenides –por ley- no pueden estar más de 12 horas, pero están hace dos o más años en condiciones de inhumanidad, precariedad y sobrepoblación. Sobreviviendo a una justicia cómplice que frena los procesos judiciales para alargar el castigo del encierro de ciudadanes que en muchos casos tienen que padecerlo solo por portación de rostro o detenciones arbitrarias o narcomenudeo y/o causas armadas.
Foto: la realidad de los centros de detención y encierro es inhumana en Argentina
El tiempo ha pasado pero las prácticas represivas no. Ni siquiera han sido modificadas mínimamente. Y en esto la política no puede lavarse las manos. Primero porque ya las tiene rojas de tanto ponerlas en el fuego por sus agentes. Segundo porque no hay violencia institucional sin orden política y legitimidad político-judicial. En la actualidad contamos con un presidente que está en contra de ella, ojalá pueda concretizar sus palabras en políticas públicas concretas. La militancia tiene la obligación de apoyar y también de ser parte de la gestión de las mismas.
Las fuerzas de seguridad siguen desapareciendo ciudadanes argentines. Van casi 200 desapariciones forazdas en lo que va de democracia contemporánea. Y casi siete mil ciudadanes asesinades por las balas del brazo armado del Estado de Derecho recuperado en 1983. Lo que también corresponde a la caratula de desapariciones forzadas, ya que las fuerzas desaparecen forzadamente la existencia de personas como Luciano Arruga, Rodrigo Sanchez, Facundo Ferreira, Mauro Coronel, Brian Guaiman, Facundo Rivera Alegre, Ismael Ramírez, Luis Espinoza, Facundo Astudillo Castro, solo por recordar y nombrar algunos casos. Y también desapariciones para la Trata de personas como el caso de Yamila Cuello, donde la policía por acción u omisión tiene gran cuota de responsabilidad. Según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, en su informe (1990 al 2013) registra en Argentina 3.231 que están desaparecidas como personas víctimas de trata.
La sociedad argentina y sus instituciones son históricamente patriarcales. La Institución Policial –obviamente- no escapa a esta regla. Y al tener la Policía –muchas veces- la facultad de tratar con personas que sufren violencia de género, dificulta enormemente el panorama. Son elles quienes deben actuar ante las denuncias de violencia de género, ya sea para recibirlas y transferirlas al fiscal como para proteger a la persona denunciante y detener al victimario. Pero la realidad es claramente opuesta a la ley y lo políticamente correcto.
En la mayoría de los casos las mujeres no son tenidas en cuenta a la hora de realizar denuncias de género en las comisarías. En más de una oportunidad, los mismos policías han violentado a la víctima, sea sexual, psicológica o físicamente. En otras oportunidades la denuncia queda en la nada misma. Y en muchas otras oportunidades, las mujeres no se animan a ir a la Comisaría a denunciar.
También ocurre en muchos casos que los policías abocados a la tarea de proteger a una mujer considerada “en situación de peligro”, no cumplen con su tarea, resultando cómplice indirectos del femicida al dejar en estado de vulnerabilidad extrema a la víctima.
Para indagar en el tema en cuestión seguimos dialogando con Delfina, militante feminista del MST. “Es tremenda la complicidad policial-judicial-política. Hay mucho encubrimiento e impunidad para los varones femicidas y sobre todo para los varones policías femicidas. Las pibas acá tenemos que cuidarnos mucho de la Policía machista y femicida. El acoso en las manifestaciones, las provocaciones son constantes”, relata la militante.
“En Catamarca hay muchos femicidios donde la Policía y la Justicia se vuelven cómplices necesarios. Como militante del movimiento LGTBIQ, es terrible el nivel de transodio, transfobia y odio que tiene la Policía. Las compañeras trans denuncian que la Policía las acosa y las detiene por su condición. Es una de las comunidades más afectadas”. Las trabajadoras sexuales constantemente denuncian ser hostigadas y violentadas por la Policía, situación que en cuarentena se ha profundizado.
Cuando la violencia machista se entrecruza con la violencia policial, se potencia. El Estado es responsable por cada policía femicida u homicida (intrafuerza o no). También es responsable por la cantidad de mujeres policías que han denunciado sufrir abusos y acosos en sus procesos de formación o ya en la calle, por parte de oficiales mayores. Lamentablemente también es común que en las detenciones arbitrarias les policías acosen o abusen de su poder violentando a mujeres solo por su condición.
Para dar un ejemplo concreto de lo escrito hasta aquí nos vamos al 5 de abril pasado dónde la Policía de San Luis (fuerza responsable de tres muertes en comisarías) detuvo a Florencia Morales (39) en la localidad de Santa Rosa del Conlara, mientras se dirigía a comprar comida para sus hijes menores de edad. Por una “supuesta violación a la cuarentena”, la llevaron a la comisaría local donde la apresaron después de varios forcejeos. Más tarde, la misma policía informó que la mujer "se suicidó" en la celda. La hermana de la víctima manifestó que sabía que los policías implicados la habían acosado en anteriores oportunidades y sostuvo que antes de matarla seguramente intentaron abusarla. Nadie se suicida en una comisaría. Justicia por Magalí Morales. El gobernador Rodríguez Saá es responsable.
Foto: Paula Ballejos
Es urgente una formación con perspectiva de género en las fuerzas policiales. Estas violencias juntas (policial y machista) solo producen mayor impunidad al servicio del femicida y violencia sobre las mujeres cis, lesbianas, transexuales, transgénero y travestis.
Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés enviar un mensaje con la palabra "hola" a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de Whatsapp a nivel nacional. En Córdoba podés comunicarte al WhatsApp (351 814 1400) y al número 0800 888 9898 .
¿Qué es la comunicación antirepresiva? ¿Cuál es su función en este país y región? ¿Cuál en este contexto? ¿Cómo y con quienes llevarla a cabo? Son algunas de las preguntas que nos hacemos quienes intentamos ejercerla y tomarla como perspectiva en cuenta a la hora de comunicar.
Intentaremos responder sin ánimo de hacerlo a manera definitoria y teniendo presente que este periodista no posee mucha experiencia en el tema: todo lo que sigue –obviamente- puede ser debatido, cuestionado y criticado:
La comunicación con perspectiva antirepresiva se sitúa justo en la vereda de enfrente a los medios hegemónicos y/o monopólicos. Entiende a la comunicación –en primer lugar- como un Derecho Humano y no como una mercancía o privilegio de unas pocas personas. Se ejerce bajo una mirada que pretende democratizar la palabra de las víctimas de la violencia policial estatal.
Es una perspectiva con una clara posición política, lo que permite actuar en consecuencia a ella. Al tener un eje central antirepresivo, automáticamente se sitúa en un lugar específico del tejido social: les cuerpes y territorios reprimides por las fuerzas de seguridad. Desde allí, con y para diches sujetes, se intenta comunicar sin la tan pretendida e inexistente objetividad, sino más bien, con una clara decisión política y militante que no desconoce ni la historia represiva del país, ni la historia de la región en donde se habita y lucha: Abya Yala.
Colectivo al Margen tiene un espacio de comunicación popular. Y también una revista gráfica. Allí une se puede informarse con periodismo militante, de calidad y con pespectiva de DDHH. Hay una sección especial para violencia institucional. Teniendo presente ello, le preguntamos a Mariela: ¿Cómo comunican los hechos de violencia institucional?
“Cuando ocurren casos de violencia policial lo que hacemos es denunciar públicamente, mantenemos en agenda la situación y el derecho vulnerado intentando en insistir y no olvidar el pedido de justicia y el esclarecimiento del hecho”, responde.
Comunicar antirepresivamente es no desconocer la violencia policial estatal, ni sus métodos ni sus acciones de manuales (simulación de enfrentamiento, implantación de arma y/o droga en la escena del crimen, presión y amenazas a testigos, acuerdo previo con el fiscal, etc). La versión policial de los hechos, siempre tiene que ser tomada con pinzas y si es posible, cuestionarla hasta que verdaderamente sea irrefutable, lo que, en casos de asesinatos policiales, es muy difícil que suceda.
Una persona que comunica bajo esta mirada no puede desconocer las históricas y abismales desigualdades -en materia social, política, cultural y económica- de Latinoamérica y las razones de las mismas.
“Buscar ante hechos de violencia policial la voz de los protagonistas, y como orga, buscar la formalidad de las denuncias al igual que una red de contención para las víctimas y sus familias”, define Mariela.
Es muy importante lo que relata aquí la militante. La voz de los protagonistas es lo más importante en este asunto. Sin su voz y testimonio de lo ocurrido, disminuirán las posibilidades reales de intentar lograr instalar en el plano simbólico, medíatico y también material, la verdadera versión. Ahí radica la importancia de esta visión. Tiene que acompañar a las víctimas en todo el proceso sufrido. Registrando, difundiendo y compartiendo la voz de la parte más importante y vulnerable de la situación de violencia y poder acontecida: la víctima.
Los medios hegemónicos hacen todo lo contrario. Se quedan –por decisión política- con la versión policial. Luego criminalizan a la víctima. La convierten en victimario para justificar el accionar criminal del Estado. No verifican la información porque no les sirve a la hora de cumplir su función. Si el fiscal dijo que el pibe asesinado tenía antecedentes (aun siendo mentira), los medios titularan: “abaten a malviviente con antecedentes”, como pasó con el joven Brandon Romero, fusilado en julio en Mar del Plata. El joven trabajaba en una panadería y los medios lo criminalizaron como si fuera Robledo Puch.
Foto: un cartel que comunica más verdad que todos esos medios juntos
Comunicar bajo la óptica antirepresiva es tener en cuenta que el “manual de ética y principios periodísticos” lo representan en todo momento los mismos Derechos Humanos. Por lo tanto, es militar la perspectiva de género y también la de los pueblos originarios, teniendo en cuenta que de ellos venimos porque son nuestros ancestros, por lo tanto, nuestro accionar no puede desconocer su historia, es más, tiene que ser ejercida como una comunicación que lucha contra de los antivalores de la colonización. Es levantar como bandera y valores primordiales la consigna de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. Y tener como referencia –entre otres- nada menos que a Rodolfo Walsh, quien ejercía esta comunicación de la mejor manera posible.
Dijimos Nunca Más milicos genocidas. Y a más de tres décadas de ese primer grito: gran parte de la casta política hace oídos sordos. La Justicia cómplice les garantiza impunidad para matar. Y los medios de comunicación, la autoridad simbólica y mediática para justificar sus crímenes de Lesa Humanidad ante la sociedad en general.
Argentina fue uno de los únicos países en el mundo en juzgar a responsables de delitos de lesa humanidad cometidos por sus propias fuerzas armadas. Gracias a una demanda y una contundente lucha popular de nuestras Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la dirigencia política kirchnerista de la primera década del SXXI las escuchó y las convirtió en políticas de Estado que son ejemplo de reparación histórica para las víctimas: hasta el momento van juzgados casi mil personas responsables del genocidio. Vimos a Videla fallecer dónde deben estar todos los genocidas y su cómplices: en la cárcel común y efectiva. Hoy muchos gozan de prisiones domiciliarias gracias a los fallos de jueces negacionistas. El pueblo con memoria y en su (diverso) conjunto debe poder demandarle al nuevo gobierno nacional, política públicas que vayan en la misma sinfonía: cárcel común y efectiva para les policías que cometan crímenes de lesa humanidad. Nunca reconciliación.
Pero la cuestión es un tanto compleja y las resistencias no solo vienen de la burguesía nacional, el empresariado y las mismas fuerzas, sino también en quienes las respaldan: una importante parte de la población argentina identificada con la derecha pro-policía . Lo que tampoco podemos negar es lo que la compañera Mariela advirtió: “sabemos que quienes llegan a ser policías son los mismos jóvenes de los mismos barrios en donde se reprime”.
Muchas personas tenemos une conocide que nunca pensábamos que se iba a ejercer de policía. Y, sin embargo, allí está, y es su laburo, nos guste o no. Muchos y muchas pibes y pibas de barrio se meten a la Policía porque ésta se les presenta como la opción más viable dentro sus escasas oportunidades y posibilidades de un “futuro mejor”. Negar esta realidad nos pone en un lugar de privilegio. No reconocerla encierra las posibilidades de poder transformarla.
Pero tampoco podemos desconocer que luchar por una seguridad democrática que contenga formación en Derechos Humanos y que no violente a sus ciudadanes -ya sean policías o ciudadanes comunes- también es luchar por un trabajo que sea digno de llevar a cabo para quienes lo ejerzan. Y no un proceso violento con formación castrista y militar sesgado de toda perspectiva de género, de respeto hacia los pueblos originarios y de respeto a los derechos y garantías constitucionales de la ciudadanía toda.
Hoy en día la Institución Policial convierte a tales ciudadanos/as -con voluntad para ejercer de policía- en sujetos/as peligrosos/as para la ciudadanía toda. Son personas armadas, no profesionalizadas y dispuestas a desaparecer y/o violentar a un ciudadane de a pie con toda la impunidad de la Justicia. Hay que entender que el problema no es un policía, es toda la Institución.
Luchar por una Policía que de mínima actué acorde a la ley, también es luchar por una Justicia que realmente haga justicia condenando a los uniformados que actúen en clave de lesa humanidad. Es pelear para que no vendan su poder al narcotráfico, a la trata de personas, a las empresas contaminadoras y demás, como todes bien conocemos. Pelear por una seguridad democrática es pelear en definitiva por un verdadero sistema democrático que nos incluya a todes.
Germán de la Multusectorial Contra la Represión nos da su opinión sobre la vigencia del Nunca Más: “El Nunca Más ha sido desoído desde la recuperación democrática. Tenemos más de siete mil pibes asesinades por la yuta. Dijimos Nunca Más por López, dijimos Nunca Más con Coco Garrido y así. Y sin embargo siguen reprimiendo con la misma manera que los genocidas. Es un genocidio a cuentagotas, porque continua. Siguen matando a los pibes. Los 24 de marzo van a tener que tener otro carácter en adelante. Nuestros 30mil no querían un mundo mejor, querían un mundo diferente al de ahora, hay que dejar de victimizarlos, ellos luchaban por la patria socialista, es por eso que tenemos que salir a reivindicarlos cada 24. En ese sentido, ningún gobierno respetó ese Nunca Más”.
Foto: Casi Nunca Más. Macri y Videla, encuentre las diferencias.
Es momento de agitar el avispero desde todas las militancias para presionar al gobierno nacional a tomar medidas reales y efectivas en contra de la violencia institucional. La voluntad política se verá influida si sabemos unir fuerzas y energías como pueblo con memoria para que nuestra demanda no se quede en otro intento más. No se puede seguir envalentonando a las fuerzas, mucho menos seguir gastando presupuesto en ellas si solo es para más balas y no para más y mejor educación dentro de las mismas. Seamos capaces de generar un Estado para todes y no para las familias privilegiadas de hace años con su maldito orden (control) social.
Foto: un niño siente la música de lucha con el cartel de les 30000 atrás, ¿Qué futuro le esperará?
Según CORREPI, 92 personas fueron asesinadas por el brazo armado del Estado en lo que va de la cuarentena. Son noventa y dos vidas que ya no están, noventa y dos familias que quedaron arruinadas para lo que resta de su existencia, noventa y dos personas que nunca más abrazarán a su madre ni verán el sol salir.
La pandemia solo ha profundizado la cuestión represiva. Ha dejado ver que la Policía no cumple otra función que garantizar un orden social que solo beneficia a los mismos de siempre. Cuando pase el covid19, las calles deben volver a ser nuestras. Gritaremos Nunca Más hasta que se harten y nos tengan en cuenta de una buena vez.
Exigimos Juicio y Castigo a todas las personas policías asesinas, violadoras, torturadoras, transas y cómplices de todo tipo de violencia. Dijimos Nunca Más: ¡escúchennos!
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Muchas gracias a Colectivo al Margen, FECAGUA, Multisectorial Contra la Represión y Libre Diversidad por su militancia, participación, buena predisposición y compañía. En la última y quinta parte del informe se abordará la provincia de Buenos Aires y sus más de 25 casos de asesinato policial. Justicia por Facundo Astudillo Castro quien hoy debería estar festejando su cumpleaños con su familia y no estar desaparecido. Justicia por todas las personas reprimidas y/o asesinadas.
En el marco de la semana del 9no grito de Ni Una Menos, en Córdoba se buscan a 20 mujeres sin paraderos conocido desde noviembre 2023 a Junio 2024. De esta manera se suman a las 35 búsquedas activas de mujeres registradas en anteriores informes en el periodo diciembre 2021 a noviembre 2023.
En un nuevo informe del IEF, (Instituto de Estudios y Formación IEF de la CTA A) Claudio Lozano, Javier Rameri y Ana Rameri dan cuenta de la caída de la economía en estos 6 meses de gobierno de Javier Milei.
El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación presentó su informe anual sobre femicidios en Argentina, revelando un aumento preocupante en el número de víctimas. El informe destaca la necesidad de tomar medidas urgentes para prevenir y erradicar esta violencia.
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