Situación represiva a nivel nacional en tiempos de cuarentena (Parte III)

A casi cien días de la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la violencia estatal policial no ha dejado de poner en vilo a la seguridad ciudadana democrática. Las distintas fuerzas de seguridad siguen violando los Derechos Humanos y ejerciendo violencia de manera sistemática sobre los mismos cuerpos y territorios.

Córdoba

La provincia gobernada por el pejotista Juan Schiaretti conforma junto a Chubut, Buenos Aires y Tucuman uno de los territorios provinciales donde más violencia policial estatal hemos encontrado durante la cuarentena. Desalojos ilegales, fusilamientos en vía pública, allanamientos sin orden, detenciones arbitrarias, persecución política, tortura y abusos sexuales, son las violaciones selectivas más comunes que sufren algunos sectores de la ciudadanía cordobesa.

A fines de marzo mientras se empezaba a implementar el aislamiento obligatorio, en el barrio La Brigada, ubicado en la localidad de Bell Ville, un video registró una situación que se da con impune normalidad en muchos barrios populares de la provincia. Un oficial intentó detener a un vecino que se resistió y logró escapar corriendo. Mientras el policía se reincorporaba del forcejeo, le apuntó al hombre con su reglamentaria y soltó un disparó que por suerte no dio en la espalda de la víctima.

Fuente Hoy Dia

De la ciudad de Río Cuarto trabajadoras sexuales denunciaron que la violencia estatal policial en cuarentena –y desde un principio-  se empecinó contra ellas a través de malos tratos, amenazas y detenciones arbitrarias.

En los primeros días de abril, la Policía de Alta Gracia entró por la fuerza a un domicilio familiar para detener a un joven que habían visto salir de la despensa vecina. Los uniformados sacaron sus ithakas apuntando a la madre y al padre del joven que se resistía a salir. Finalmente, luego de amenazar con disparar lograron llevarse detenido al joven Eduardo Agustín F (23) al establecimiento penitenciario nº9 de la Capital. Adjuntamos link del video registrado.

Fuente Vía Córdoba

El domingo 26 de abril, la Policía asesinó a Franco Sosa (27) en Ciudad Evita. Lo encontraron supuestamente saliendo de robar en una metalúrgica de la zona. Cuando Franco vio el móvil, emprendió su fuga. Sin mediar palabra alguna, uno de los oficiales le disparó a la altura del cuello ocasionando su muerte. Los medios hegemónicos y el fiscal a cargo no tardaron en usar el típico guión de “enfrentamiento”.

Dos días más tarde, un abogado de Alta Gracia denunció la detención y golpiza que sufrió su hijo de 32 años cuando regresaba en bicicleta de hacer las compras para su abuela. Lo imputaron por resistencia a la autoridad y violación al aislamiento.

En la tercera semana del mes, la Policía detuvo a Tatiana C, militante del FOL, mientras se dirigía a la farmacia a comprar medicamentos para su hija. Después de muchas horas de maltrato y amenazas, la dejaron comunicarse con familiares para que vayan a ver a sus hijes menores que habían quedado solitariamente en su casa. Días después, oficiales detuvieron a Luciano P (20), militante de la FOB, también cuando se dirigía a realizar compras necesarias. Fue liberado tras la presión de sus compañeres que pasaron horas buscándolo. El joven tenía marcas de golpes. Lo imputaron por violar el aislamiento.

La persecución política del gobierno de Schiaretti es moneda corriente. Desde detenciones arbitrarias y golpizas a militantes de organizaciones de base en sus propios domicilios y barrios a allanamientos ilegales en sedes de gremios y/o sindicatos no oficialistas. Schiaretti y el intendente Martín Llaryora, son quienes deciden cuándo el derecho a protesta es derecho y cuándo no. En las últimas protestas, ha ganado el “no es derecho” por unanimidad.

Desde la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil –lamentablemente- lo saben muy bien. “A partir de denunciar nuestros casos, hemos sido amenazadas, violentadas y perseguidas por la Policía”, aseguran.

Mientras en el mes de abril en la localidad de Arroyito se radicaban diversas denuncias por violencia policial, el Jefe de la Policía local, Milton Ullua, era denunciado por Nación bajo el delito de apología al delito. Había publicado en su perfil de Facebook una imagen en donde referenciaba al genocida Videla.

A fines de abril, organizaciones de DDHH de Traslasierra, denunciaron que la Policía local incurrió en una gran cantidad de violaciones a los Derechos Humanos a lo largo y ancho de todo el valle. Desde Mina Clavero, pasando por Villa de las Rosas hasta Villa Dolores, muchas personas denunciaron la violencia policial recibida: detenciones arbitrarias, maltratos, verdugueos, golpizas y abusos sexuales.

“Si no se quedan quietos, los quemamos” gritaron los oficiales mientras se metían sin orden a una casa de familia en Alta Gracia el 2 de mayo. Se llevaron detenidos Roque y Daniel G. Además, golpearon a una mujer allí presente. Por éste último hecho no le recibieron la denuncia, ya que los milicos alegaron: “si ella ponía resistencia, la policía tenía total derecho a pegarle”. Las parejas de los detenidos no recibieron respuestas al preguntar los motivos de los arrestos.

El cuatro de mayo en la localidad Jesús María, municipales reclamaban a las afueras del Obrador Municipal un cese a los ajustes salariales sufridos. La respuesta llegó en forma de detenciones masivas y balas de goma. Cuarenta y dos trabajadoras y trabajadores quedaron detenides.

Foto Rodrigo Savoretti

El 5 de mayo Horacio Enrique R, fue atropellado por un patrullero en el barrio San Roque de la Ciudad Capital. Le fracturaron la pierna y luego lo golpearon en EP nº 9. No le dejaron tener la correspondiente atención médica ya que el forense que lo revisó le dijo que “no tenía nada”.

El 7 de mayo, trabajadores de las plataformas de deliverys Rappi y Glovo se manifestaron frente al Patio Olmos en la capital cordobesa. Reclamaban medidas contra la brutal precarización laboral que sufren. La Policía se hizo presente de forma violenta y se llevó detenidos a cuatro de ellos.

En las primeras semanas del mes, trece directives del Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) fueron detenides cuando realzaban una protesta en el centro de la capital. Reclamaban por los recortes salariales sufridos por la gestión del intendente Martin Llaryora. Mediante filmaciones realizadas por la misma Policía, más las cámaras de “seguridad” de la zona, se identificó a 37 gremialistas. Todes elles ya se encuentran imputades penalmente.

El 9 de mayo, la Policía ingresó al barrio San Roque amedrentando a sus vecines y disparando más de cien proyectiles de goma y plomo. Cinco días más tarde, una topadora junto a personal policial arrasó las precarias viviendas que varias familias habían levantado en barrio Cabildo. También en la misma jornada, un grupo de oficiales maltrató y echó del barrio Nueva Córdoba a personas en situación de calle.

En la misma jornada fue detenido y golpeado Facundo Torres, militante de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil. Facundo es hermano de Lautaro Torres, joven de 16 años fusilado por la Policía el 13 de abril del 2014 mientras se dirigía a comprar una tarjeta de teléfono. La oficial Eliana Soledad Rinaudo le disparó cuatro veces por la espalda. Actualmente se encuentra en libertad.

Victoria Torres, tía de los jóvenes anteriormente nombrados nos relata el hecho ocurrido hace más de un mes atrás: “a Facu lo habíamos mandado a buscar un fuentón para lavar un cubrecama y allí unos policías se bajan del móvil sin dar la voz de alto y lo empiezan a golpear. Cuando llego yo, los policías me empiezan a pegar a mí y también agreden a dos de mis hijos. Todavía tengo las lesiones en el cuerpo”. Y agrega: “la Policía siempre nos persigue por estar organizados. A Facu me lo tienen a mal traer, donde lo ven, lo paran, le pegan, le roban. Lo tengo que cuidar como oro”.

El 19 de mayo en el asentamiento Villa El Quemadero ubicado en el barrio Mosconi la Policía ingresó a los tiros amenazando con llevarse detenida a toda persona que permaneciera en la calle.

Llegado el mes de junio, cuatro integrantes de una delegada de la organización FOL fueron detenides cuando se encontraban cenando en su casa. Dos de elles volvían de comprar pan cuando la Policía les interceptó y empezó a golpearles en la puerta de su casa. Gracias a la presión popular, fueron liberades tiempo más tarde.

El miércoles 3 de junio, a horas de la siesta, agentes policiales perseguían a dos supuestos jóvenes “motochorros”. A la altura de Aviador Mira al 1600 fueron interceptados por otros agentes. Los oficiales les efectuaron disparos que ocasionaron la muerte en el acto de Gastón M. El otro joven, Ariel V, quedó en grave estado tras recibir varios balazos.

En la madrugada del viernes 12, la Policía se hizo presente en Villa la Tela como de costumbre: a los tiros y con insultos a toda persona en la calle. Una de esas balas hirió de gravedad a Alejandro A, joven de quince años que estaba por entrar a la casa de su tía. El chico pelea por su vida en el hospital luego de ser intervenido quirúrgicamente.

Foto Rodrigo Savoretti

Catamarca

Les referentes de la Comunidad Originaria Diaguita de Aconquija denunciaron la violencia policial estatal sufrida por parte de la Policía que responde al gobierno del pejotista Raúl Jalil.

Desde la comunidad sentían amenazada su salud por la presencia de los camiones paperos provenientes de Tucumán que no cumplían con ningún protocolo ni medida de higiene. El día 18 de abril, un grupo de comuneres y vecines de la zona concurrieron al puente del Río Las Chacras para verificar la irregular situación y tomar cartas en el asunto en pos de prevenir posibles contagios por Covid-19. Una vez allí, se hizo presente la Policía y la Infantería de manera violenta y prepotente. A continuación, reproducimos parte del comunicado difundido por el pueblo originario:

“Encontrándonos nosotros con barbijos, en actitud pacífica, sin resistirnos, la Infantería infringiendo los protocolos y decretos presidenciales, nos golpeó, nos insultó, nos obligó a permanecer arrodillados por horas con las manos en la nuca, precintados, sin poder movernos. Arrojaron el símbolo de nuestra identidad, la whipala al río. Los hermanos aprehendidos estuvimos incomunicados y hacinados: 12 hombres, uno de 71 años de edad, sin medidas de seguridad sanitaria en un solo calabozo de 2 x 2,5m por casi 24 horas”.

“¿Por qué los usurpadores del Campo del Pucará pueden pasar libremente por nuestro pueblo y detenerse en cualquier lugar sin que las autoridades les llamen la atención, pero cuando nosotros salimos a reclamar por la salud de todos se nos detiene como a peligrosos delincuentes?” concluye el escrito compartido.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos regional Catamarca adhirió al comunicado nacional de la organización en donde se denunciaba la violencia estatal policial en todo el territorio nacional. Y agregó: “las fuerzas deben garantizar nuestros derechos, prevenir violaciones, no cometerlas”.

El 22 de mayo apareció en territorio catamarqueño el cuerpo sin vida de Luis Espinoza. Trabajador rural tucumano desaparecido forzadamente y fusilado por la Policía tucumana una semana antes de su hallazgo.

Tierra del fuego

La Provincia gobernada por el radical Gustavo Melella impuso durante los dos primeros meses de la cuarentena un gran operativo de control policial en todo el territorio fueguino. Hay muy poca información disponible en cuanto al accionar de sus fuerzas de seguridad. Para indagar más detalladamente, nos contactamos con Klevel, militante de organizaciones sociales y políticas y también militante de los DDHH. La compañera asegura que dicha información “está bien guardada”.

Conversando sobre la cuarentena y la maldita policía en aquellas tierras australes, nos relata: “dentro de la ciudad hubo muchos controles policiales. Les dieron mucho poder en la calle. Y en el transcurso de la cuarentena te vas enterando de diferentes situaciones de violencia policial vividas por compañeres o vecines de los barrios populares”. Hechos represivos que no son visibilizados para “afuera”.

Desde “Desarrollo Humano” (área social del gobierno provincial) se implementó que los módulos alimentarios sean distribuidos por “voluntarios” y/o instituciones como las fuerzas armadas. “En este contexto, nos enteramos de situaciones de xenofobia y racismo en el trato de las FF.AA. con las vecinas de los barrios populares” afirma Klevel. Y luego concluye: “A pesar del frío y toda la ausencia del Estado hay que vencer al verdadero problema: el sistema capitalista colonial occidental”.

El 2 de junio la Policía detuvo al dirigente gremial José Gómez (AFEP), cuando se encontraba en una reunión informativa en el Ministerio de Obras Públicas y Servicios Públicos. La situación fue filmada por empleades estatales que luego fueron arbitrariamente removides de sus puestos. Desde varias organizaciones gremiales denunciaron el hecho como persecución política. 

Chubut

La provincia de Chubut cotidianamente es noticia por la permanente violación a los Derechos Humanos que el gobierno de Mariano Arcioni decide perpetrar sobre su ciudadanía.

“Extractivismo, deuda, precarización y represión, sufrimos combo tremendo. Lo importante es que la ciudadanía conoce sus derechos” advierten les compañeres de la Radio comunitaria Sudaca. Y agregan: “desde el mismo 20 de marzo, al iniciarse el ASPO, los operativos desplegados en la provincia fueron mayormente ilegales. En pocas semanas, en una provincia con una población cercana a los 600 mil habitantes, 5000 vecines fueron detenides por la policía provincial e imputades por violar la cuarentena”.

Un ejemplo de lo que narran les compañeres sucedió a tres días de comenzado el aislamiento obligatorio en la provincia. Una trabajadora gastronómica y una trabajadora de la salud fueron detenidas en simultáneo por las fuerzas de seguridad en Puerto Madryn. Ambas quedaron arrestadas en la Comisaría nº3 por violar el aislamiento a pesar de que estaban exceptuadas para ir a trabajar. Las dos mujeres denunciaron que les oficiales las obligaron a desnudarse y a realizar sentadillas en el baño de la unidad.

Un día más tarde, y en una fecha tan dolorosa para les argentines como el 24 de marzo, vecinos de Epuyén, Lago Pueblo y el Hoyo, denunciaron en un comunicado el hostigamiento propiciado por la Policía que detenía a les vecines cuando iban a buscar leña para apaciguar el frío.

Foto Mujeres indígenas por el buen vivir

Moira Millán, integrante del Pu Lof mapuche Pillan Mahuiza (Corcovado, Chubut) denunció que la Policía provincial detuvo el día 7 de abril a tres mujeres jóvenes de la comunidad cuando regresaban de comprar víveres. Las maltrataron e insultaron en todo el camino hasta la comisaría. Una vez en el lugar, las fotografiaron, ficharon y hasta las obligaron a firmar un acta en blanco. Y, por si fuera poco, fueron liberadas entrada la noche y a siete km de su domicilio con temperaturas bajo cero. “Las fuerzas de seguridad a las que se les ha delegado el acompañamiento de la seguridad sanitaria, son las mismas fuerzas de seguridad que estos últimos años estuvieron involucrados en represión, torturas, desapariciones y muertes en territorio mapuche” señalaron desde la comunidad.

Además, en los primeros días de abril la filtración de un audio entre autoridades y jefes policiales de la provincia terminó por desenmascarar la cadena de mando represiva que opera en el territorio sureño. En la grabación se puede escuchar a Paulino Gómez, Secretario de Seguridad de la Policía de la provincia ordenándole al Jefe de la Comisaría 1ª de Trelew, Mauricio Zabala, lo siguiente:

“Zabala, por favor te pido, eh, activá en el centro ahora, tratá de meter gente en cana. El ministro me está preguntando por qué la primera no tiene detenidos. Si hay mucha gente, debe andar gente en infracción. Busquemos un poco. De última lo demoran en el lugar, le hacen acta en el lugar o lo llevas dos minutos a la comisaría. Sacá los Pucará, que si buscan encuentran gente que ande chimangueando”.

Federico Massoni, Ministro de Seguridad de la provincia, con total impunidad se lavó las manos y negó haber dado dicha orden. Y por si fuera poco ratificó en el puesto a Gómez que se disculpó –increíblemente- solo por haber usado términos “horribles”. 

Desde Radio Sudaca denuncian que “la preocupación se manifiesta cuando desde el poder político no se repudia ese tipo de hechos de violencia institucional. Son varias les denuncias que caen sobre el Ministro de Seguridad y, sin embargo, es el Gobernador Mariano Arcioni el que en reiteradas ocasiones respalda el accionar de su ministro”.

Se presentaron tres hábeas corpus para intentar frenar la situación de vulnerabilidad que todavía padecen les ciudadanes chubutenses. Uno fue presentado por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.

“Es que desde el Ministerio de Seguridad de Nación ya le habían advertido a la provincia que debía aplicar el protocolo nacional para proceder en el contexto de la pandemia.  Pero eso no ocurrió. Incluso, la Policía decidió abrir centros de detención en gimnasios y escuelas de Trelew y Puerto Madryn. Los apremios ilegales no cesaron y se volvieron a concentrar en los barrios más empobrecidos de Trelew” aseguran les compañeres radiales.

El 16 de abril, varios oficiales golpearon a un joven que se encontraba detenido en un gimnasio utilizado como centro de detención por la Policía provincial. A partir de un video que registró el terrible hecho, se produjo una repercusión que se tradujo en el pase a disponibilidad y la realización de un sumario disciplinario a los milicos responsables.

El 7 de mayo en Trelew la Policía ingresó al Barrio Constitución increpando a cualquier vecino que se encontrara en el espacio público. Luego, entraron ilegamente a la casa de Federico, un joven de la zona. Lo golpearon brutalmente entre diez y lo dejaron tirado en un charco de sangre.

Les comincadores/as de Radio Sudaca nos cuentan que el pasado 15 de junio una combi de la policía tiroteó varias viviendas, e incluso hirió a varias personas que se encontraban dentro de sus domicilios. El operativo esa noche estuvo a cargo del Ministro Massoni.

Foto Diario "Con sello Patagónico"

“Además de la violencia estatal policial sobre vecines de barrios populares, la provincia del Chubut afronta hace dos años una grave crisis financiera que mantiene a les trabajadores/as estatales en la calle, reclamando por sus sueldos. Las protestas terminaron en varias ocasiones con dirigentes gremiales detenidos y docentes golpeados por grupos enviados a “romper” las protestas. También, hay integrantes de la Unión de Asambleas de Comunidad contra la megaminerìa que han sido detenidos y procesados por manifestarse frente a la Legislatura. La violencia institucional toma varios ribetes en Chubut” concluyen desde la radio comunitaria.

A continuación, se siguen presentando opiniones, intercambios y diálogos. También, una reflexión siempre colectiva envalentonada por los vientos anti racistas y anti fascistas que continúan corriendo en distintos pueblos y territorios de este mundo desigual en el que los capitalistas-extractivistas de dioses y amos patriarcales-genocidas-coloniales, nos hacen vivir -pero no habitar-. Osea sobrevivir, con una libertad que no es tal y siempre tiene sus costos.

Estamos viviendo en un contexto mundial del que no hay registro alguno en la historia de la humanidad. La pandemia ha dejado en claro una verdad cantada: el sistema capitalista no es compatible con el sistema político democrático. Y la Institución de la Policía no es compatible con el pleno ejercicio de los derechos civiles y humanos.

En Argentina -ante esta coyuntura descomunal- la gran mayoría de los gobernadores provinciales han optado por seguir incumpliendo la ley: sus fuerzas de seguridad han detenido ilegalmente a miles de ciudadanes violando sus derechos y garantías de forma sistemática. La represión selectiva y reiterativa en estos casi cien días se intensificó sobre los mismos barrios y las mismas personas.

En provincias como Córdoba, Juan Schiaretti ya había militarizado los barrios antes de la pandemia. Ahora, decidió intensificar el control con la excusa del covid19. En la mayoría de los demás territorios provinciales ha sucedido lo mismo. La preocupación recae en que una vez pasada la pandemia, los controles cuasi dictatoriales sigan.

Desde la Coordinadora de Familiares Víctimas de gatillo fácil de Córdoba aseguran: “Los policías ahora se están manejando con más libertad y se sienten empoderados a la hora de reprimir a les pibes y pibas de los barrios más populares”.

Romina Ludeña, integrante de la Cóordinadora y tía de Rodrigo Sánchez, joven de 17 años fusilado con cinco tiros perpetrados por el oficial Lucas Carranza el 19 de septiembre del 2015, señala: “Si antes los pibes estaban en peligro, ahora lo están aún más. Llega la noche y la Policía tiene total libertad para perseguirlos, abusándose de la situación que vivimos”.

 “Estamos esperando que pase la cuarentena para dejar de sentir ese miedo de que nos llevan presas por nada, de que nos golpean, nos controlan violentamente. La cuarentena es para algunos pocos. Y la represión es solo para los barrios populares que es donde las personas estamos siendo más hostigadas” asegura Romina.

Foto Rodrigo Savoretti

Las referentas de la Coordinadora coinciden en que luchar contra el poder político-judicial-mediático-policial es como pelear contra un “monstruo enorme” y también en que la Policía ahora tiene mayor impunidad y poder del que ya gozaba.

Paola Guaiman, madre de Braian Guaiman (16), fusilado por el ex comisario Roberto Pereyra el 2 de mayo de 2015, señala: “a ellos nunca se les gana en nada. Son muy sucios y se tapan entre ellos, todo por poder. El asesino de mi hijo trabajaba en Tribunales cuando lo asesinó. Luego arregló con la fiscalía para quedar impune logrando el cierre de la causa”.

Las tres compañeras de la Coordinadora, Victoria, Romina y Paola, son familiares directos de Lautaro, Rodrigo y Braian, tres pibes adolecentes fusilados por la espalda con dos o más tiros de armas reglamentarias de agentes estatales a los que toda una sociedad les paga el sueldo. ¿Dónde está el Estado de Derecho en Córdoba? ¿Dónde está la Justicia?

Por la complicidad que hay entre los jueces, fiscales, políticos y jefes policiales, es muy difícil obtener justicia. A pesar de ello y con todo el dolor que implica tener un hijo o sobrino fusilado por el propio Estado, organizaron una Coordinadora que realiza acciones que ayudan mucho más que las políticas de un gobierno neoliberal como el de Juan Schiaretti y su Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera.

El oficial que mató a Rodrigo dio cocaína y benzodiacepina en sangre en los análisis de aquel día. Quedó en libertad. Y luego cayó detenido, pero por robar una campera en un shopping. Las instituciones de la justicia nos quieren hacer entender perversamente que les importa más la propiedad privada que la vida de un ciudadano. Prefieren un milico asesino libre antes que un milico robando en un centro comercial del centro.

Así moldea a los agentes policiales el sistema político-judicial argentino. A su medida, a su imagen y semejanza. La complicidad es tan explícita que no tienen pavor en legitimar y perpetrar delitos de lesa humanidad en democracia. Es más, se homenajean entre ellos por ejecutarlos. A Carranza lo felicitó el ex Jefe de la Policía de Córdoba Julio César Suárez a tres días de haber fusilado a Rodrigo. A Roberto Pereyra, asesino de Braian Guaiman, lo dejaron libre porque trabajaba en Tribunales. La fusiladora de Lautaro Torres, Eliana Rinaudo, goza de libertad.

De esto último nacen las resistencias a realizar verdaderas reformas en las fuerzas de seguridad. Porque si cae la yuta, cae la justicia, y caerán como en dominó la gran cantidad de políticos cómplices y responsables. Cae el sistema represivo, cae el sistema de dominación. Pero la realidad es otra y desde que comenzó la cuarentena en todo el país, la yuta hace lo que quiere. La justicia mira, pero no ve. Y los medios criminalizan la protesta, la lucha y a los pibes mismos.

Al servicio de una clase que nunca dudó en mandarlos a reprimir mientras los mima con aumentos de sueldo e impunidad garantizada, los milicos de hoy salen envalentonados para los barrios. Ya sabiendo de prepo que a los jueces y fiscales no les importa que maten guachos y abusen de pibas de los barrios más pobres. Mientras sigan manteniendo un orden que solo deja vivir tranquiles a les mismos de siempre, lo demás se arregla con dinero y arreglos.

Pese a ello, hay madres y familiares que se organizan y se transforman en la piedra del borcego policial. “Hoy en día por el tema de pandemia se sigue la lucha acompañando a los casos nuevos que aparecen con un mensaje, porque por el momento no podemos acercarnos a esas familias y darle un fuerte abrazo y que sientan que tenemos el mismo dolor. Se les cuenta nuestra lucha y acompañamos a lo que ellos quieran hacer como en un corte de calle” asegura Paola Guaiman. 

Y así lo hacen por todes les pibes asesinades o desaparecidos, como en el caso de Facundo Rivera Alegre, desaparecido en el 2012, pibe por el que ni el fallecido ex gobernador De la Sota ni el actual hicieron algo para buscarlo realmente. Estas madres, tías y familiares, son una resistencia que siembra memoria colectiva en una Córdoba a la derecha.

En fin, la organización antirepresiva no se calla y sigue resistiendo a pesar de habitar la provincia con una de las policías más asesina del país.

Y si hablamos de resistencia y organización, no podemos evitar hablar de Chubut. Dialogando con les compañeres de Radio Sudaca, “la comunitaria de Trelew”, coincidimos en que “la pandemia dejó en evidencia a la violencia estatal policial ya no como “casos aislados” de algún policía”, sino que adquiere más fortaleza el dicho que gritamos en cada marcha: “no es un policía, es toda la institución”.

Tanta violencia ejercida de manera sistemática nos lleva lamentablemente a recordar la represión del terrorismo de Estado ejercido por los genocidas desde 1976 a 1983. Dictadura cívico militar eclesiástica que se llevó la vida de más de 30 mil hermanos y hermanas. Pero como bien afirman les compañeres radiales: “no podemos soslayar que estamos en un Estado de Derecho, donde están vigentes todas nuestras garantías constitucionales”. 

Hay que defender la democracia con toda la fuerza y organización. Es por nuestra historia de lucha como pueblo con memoria que no estamos en dictadura como Bolivia o cuasi dictadura como Brasil, Chile, Ecuador y Colombia.

Foto Radio Sudaca

El pueblo chubutense no se ha dejado avasallar ni pasar por encima. Unides y organizades han salido a tomar las calles a pesar de la perversidad y desidia política del gobernador Arcioni. A muches trabajadores no les pagan desde abril. Y si salen a manifestarse, la Policía los reprime. Violencia económica y violencia policial. Chubut sangra y gran parte del país no parece querer asumirlo. 

La comunicación antirepresiva se hace necesaria hoy más que siempre. Hay que democratizar tanto la palabra como la tierra. A fin de cuentas, hay que democratizar la misma democracia. Y para ello se necesita no sólo una voluntad política real y concreta de quienes gobiernen sino una ciudadanía consciente de los procesos sociales de los que "forma parte para que sepa demandar las necesarias transformaciones".

“Desde Radio Sudaca los casos de violencia institucional son abordados en la radio desde las voces de las mismas víctimas y recurriendo a la palabra de organizaciones de la comunidad que acompañen a las mismas”, concluyeron gratamente les compañeres.

Foto Rodrigo Savoretti

Está en nosotres que el mundo postpandemia sea o no “más gorra”. La esperanza en poder cambiarlo todo debe ser nuestra primera aliada.  Compartimos y coincidimos con el último mensaje que nos dijo Viki Torres: “dan mucha fuerza y orgullo los levantamientos populares anti policía que suceden en EE. UU, México. Brasil, Europa y otros países. Sin ir más lejos el otro día fusilaron a dos pibes acá a dos cuadras de casa. Y el covid nos dejó encerrades en nuestras casas y no hicimos nada. Allá se levantaron igual. Y eso me hace pensar que una gran parte de la sociedad argentina, como nosotres, les reprimides y hostigades por la Policía, el día de mañana será más empática, más luchadora. Me da fuerza para poder hacerlo cuando podamos agarrar la calle de nuevo”.

"Muchas gracias a todes les compañeres que participaron y compartieron sus voces. En la última y cuarta parte del informe abordaremos las siguientes provincias: Buenos Aires, La Rioja, Corrientes y Río Negro".