Informe: Situación represiva nacional en tiempos de cuarentena (Parte II)

La situación represiva a nivel nacional continúa preocupando a Organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, organizaciones sociales y políticas de todas partes de Argentina y también a grandes sectores de la población. Siguen aumentado considerablemente las situaciones de violencia policial estatal en las 23 provincias del país. Las distintas fuerzas de seguridad ejercen su proceder de forma violenta, uniforme y reiterativa sobre determinados cuerpos, barrios y comunidades.

Estudios e infomes 26/05/2020 Rodrigo Savoretti
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Foto: CEDOC

En esta oportunidad haremos un recorrido por las siguientes provincias: Jujuy, Mendoza, Formosa, Entre Ríos, San Luis, San Juan, La Pampa y Misiones. Conversamos con Viviana María Alegre, madre de Facundo Rivera Alegre, joven desaparecido en Córdoba capital después de asistir a un baile en el año 2012. Y también con Rubén López, hijo de Jorge Julio López, sobreviviente de la última dictadura y desaparecido luego de declarar en uno de los juicios de lesa humanidad en donde se condenaba -entre otros- al genocida Etchecolatz. 

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Jujuy

La provincia del gobernador radical y aliado macrista Gerardo Morales es noticia bastante seguido por los permanentes atropellos a los DDHH y a las libertades democráticas de sus ciudadanes. El gobernador siempre cuestionado ya sea por su comprobada participación en el golpe de Estado sufrido por Evo Morales en Bolivia y por su constante hostigamiento hacia la militante y presa política Milagros Sala, continúa sin decir una palabra sobre el accionar represivo de su Policía. 

A fines del mes de marzo, en Tilcara, les vecines jujeños denunciaron que la policía realiza “verdaderas razzias” en los barrios, deteniendo a jóvenes y trabajadores/as. Más de quince varones y mujeres fueron detenides y encerrades en celdas bajo condiciones inhumanas. Se las condenó en un proceso exprés por una contravención con una multa de $1000. La “libertad democrática” siempre tiene precio para las grandes mayorías empobrecidas por el sistema neoliberal. Muchas veces precios que son impagables para las personas que son arbitrariamente detenidas. 

Comenzando el mes de abril, en un barrio de la Ciudad de Jujuy, la Policía golpeó a una mujer con su bebé en brazos hasta tirarles al piso. Allí se acercaron vecines a defenderles. La golpiza solo cesó cuando les uniformades se dieron cuenta que estaban siendo filmados.

El 14 de abril las más de cincuenta familias golpeadas por las inundaciones en Chijra fueron llevadas a la cancha de su barrio. Allí las hicieron permanecer despojadas de los pocos bienes que no se habían echado a perder por el agua. Mientras se concentraban en el lugar, se hicieron presente casi diez móviles de la Infantería. Mariana, vecina afectada, declaró: “el gobierno nos desarmó nuestras casas con la condición de que nos encontrarían un lugar mejor para vivir. Pero la realidad es que nos encontramos rodeados de policías que nos amenazan y sin casa a donde regresar”.

La violencia policial resulta ser mucho peor cuando se entrecruza con la violencia machista de los mismos policías. El 16 de abril, una chica trans fue detenida y llevada a una cancha de futbol reconvertida en lugar de detención. Cualquier casualidad con la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, no es mera coincidencia. “Para que se haga macho” la humillaron bajándoles los pantalones mientras la tocaban y golpeaban. La chica en shock por la situación empezó a convulsionar cuando estos intentaron violarla. Ante los gritos de las demás personas detenidas, debió ser llevada al hospital. En el camino la amenazaron con no contar nada de lo sucedido.

No es el único caso de violencia sexual llevado a cabo por funcionarios estatales en esta provincia norteña. En Alto Comedero, el 19 de abril, una joven salteña que quedó varada en Jujuy mientras visitaba a sus familiares, decidió ir a la Comisaría 63 para preguntar sobre los permisos de circulación para volver a su domicilio en la provincia vecina. Allí, tres oficiales la encerraron y la violaron. Luego, la amenazaron con asesinarla si denunciaba el hecho. 

Las comisarías suelen representar un peligro peor que el mismo peligro por el que se llega a ellas. Principalmente si quienes asisten a denunciar y/o a buscar información útil son mujeres.

Siguiendo con la violencia policial y machista, en la madrugada del viernes 22, un Cabo 1º de apellido Varela fue detenido por golpear gravemente a su esposa luego de ingerir bebidas alcohólicas junto a otros uniformados. Además, la amenazó de muerte con su arma reglamentaria. 

Mendoza

La provincia de Mendoza gobernada por el radical Rodolfo Suárez además de ser conocida por sus viñedos, ahora es famosa por liberar a genocidas al otorgarles el beneficio que se les niega a miles de personas presas por detenciones arbitrarias o delitos mínimos. Pasarán el invierno, calentitos y en sus casas -gozando de las prisiones domiciliarias- los siguientes represores: Oscar Bianchi, Pedro Linares, Omar Navarro Moyano, Carlos Ledesma, Óscar Simone, Juan Carlos Ponce, Mario Ocampo y Segundo Héctor Carabajal. 

El 24 de marzo del corriente año, a 44 años del inicio oficial del genocidio que se llevó la vida de 30 mil hermanos y hermanas argentines, la docente de la Escuela Manuel Láinez, Sandra Martínez, se dirigía con su hijo menor a buscar provisiones a un supermercado en la localidad de Godoy Cruz. A la entrada del mismo, un oficial les sugirió agarrar un carrito a cada une. El joven se negó argumentando que era innecesario ya que llevaría pocas cosas. El oficial sin mediar palabra, lo tiró al piso y lo empezó a golpear salvajemente. Les detuvieron a madre e hijo y les mantuvieron separades por más de seis horas. Luego, por si fuera poco, antes de recuperar su libertad les hicieron leer una carta en donde se establecía que elles habían golpeado al agente estatal. 

En la primera semana de abril, se dieron lugar dos hechos de represión policial estatal terribles. Un verdulero ambulante que no podía quedarse en casa debido a la crisis económica, fue golpeado brutalmente por una patota policial. En otra parte de Mendoza, una mujer se dirigía a un cajero con el fin de retirar plata para comprarle alimentos a su madre. No había podido gestionar su declaración jurada por el colapso del sistema. Esto último no fue un justificativo suficiente para los policías que decidieron trasladarla al calabozo de la comisaría más cercana. Allí permaneció hacinada junto a una docena de personas que dada las condiciones no podían ni siquiera sentarse. 

La situación en la ciudad mendocina con el trato a los pibes y adultos que viven de changas es igual que en toda la nación. Si quieren trabajar, los reprimen. Y si no trabajan, no comen. Si no comen, se enferman. Acorralados por este sistema capitalista genocida y en medio de una pandemia global, no les queda otra que correr el doble riesgo: enfermarse y/o ser reprimidos. Algunos tienen suerte pero la mayoría no. Como el caso de un joven de 17 años que el martes 7 de abril le pidió a una vecina barrer su vereda a cambio de un paquete de fideos. La vecina aceptó y el joven comenzó con su changa. La misma Policía que no arresta a los machos violentos denunciados o siempre llega tarde para prevenir femicidios, se hizo presente en cuestión de minutos con siete móviles para su arresto y detención. 

Cinco días más tarde en Tunuyán, dos chicos se encontraban conversando en frente de una estación de servicio. Cuando vieron que se acercaba un patrullero, Kevin, menor de edad, escapó con su moto (como nos pasa a muchos cuando vemos a las fuerzas policiales: tratamos de esquivarlos o huir de la situación dado su lamentable y conocido proceder). La policía lo alcanzó, lo bajo de la moto y le propicio una golpiza feroz. Su hermano, Ezequiel, al ver la situación salió en su defensa. Los detuvieron a ambos en la comisaría. Kevin está internado en grave estado y Ezequiel fue liberado al día siguiente. 

El viernes 17 de abril, los hermanos Nicolás Sebastián y Maximiliano Eduardo Sáez Albiol, fueron bajados por la Infantería del colectivo en el que viajaban. Los insultaron, golpearon y detuvieron en la comisaría 5º. Allí les secuestraron los celulares y les borraron las fotos que habían logrado tomar al principio. Los pasearon por dos comisarías más y los liberaron al día siguiente imputados por “desobediencia”.

Formosa

El justicialista Gildo Isfrán gobierna la provincia hace más de dos décadas. El narcotráfico es tan común como la represión policial. Y las numerosas comunidades originarias que conviven en dicho territorio son las más golpeadas por la violencia institucional perpetrada por el Estado provincial. La misma Policía que reprime y hostiga constantemente a los pueblos originarios es la que en distintas ocasiones transa con los narcotraficantes para liberar el mercado clandestino. Entre favores y favores, originarios y originarias son golpeados/as por una doble violencia: la de los narcos que no respetan sus históricos territorios y la violencia que perpetran las fuerzas de “seguridad” en nombre del Gobierno y el Estado provincial.

En la localidad de Clorinda el lunes 13 de abril una mujer se dirigía al cajero en búsqueda de dinero para comprar medicamentos y alimentos para su madre enferma. Una vez allí fue rodeada por cinco policías que la redujeron y la llevaron detenida a la comisaría local. Ella denunció maltratos de todo tipo: insultos, golpes y cortes. Los funcionarios fundamentaron dicho procedimiento solo por el hecho de “violar la cuarentena”. 

Dos días más tarde en la Villa 123, una joven de 17 años y su novio fueron detenides por estar en la calle sin una habilitación para circular. Los funcionarios procedieron de manera violenta y golpearon a la joven en su labio. Ella pudo escapar a su domicilio después de un forcejeo. Su novio en cambio fue detenido y trasladado a la comisaría. 

Ante el abandono y la desidia estatal, y el peligro latente de la pandemia desatada por el Covid19, las comunidades originarias recurren a distintas formas de organización para preservar su salud y bienestar. El Gobierno solo se hace presente para reprimir. Y ante ello, distintos jóvenes toman iniciativas de resistencia y organización. Por ejemplo: la formación de guardias comunitarias que velan por la integridad física de los y las comuneros/as y que al mismo tiempo resguarden quién entra y quién no a su territorio con el fin de prevenir contagios y situaciones de violencia. En dos localidades distintas fueron detenidos el 14 de mayo dos jóvenes originarios que habían propuesto la creación de estas guardias mediante publicaciones en sus redes sociales. La gravedad del hecho no sólo reside en la arbitraria detención por parte de los uniformados sino también en el control social que estas fuerzas realizan en redes como Facebook. La yuta no sólo se hace presente en la vida cotidiana y real, sino también vigila la realidad virtual violando derechos y garantías democráticas.

Entre Ríos

De la provincia del justicialista Gustavo Bordet, nos llegan las siguientes situaciones. En los últimos días de abril en la localidad de Federación tres policías fueron detenidos por la grave golpiza que le propiciaron a un trabajador que habían detenido. Usaron bastones y palos. Finalmente fueron imputados por los delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad y lesiones graves. En los mismos días, la misma Policía detuvo arbitrariamente en el barrio Maccarone a un pibe que buscaba changas para poder comer. Lo molieron a palos y lo trasladaron a la comisaría. Una vez liberado presentó la denuncia con el apoyo de les vecines que fueron testigos del lamentable episodio.

El primero de mayo en un barrio popular de la provincia se realizó un locro comunitario en un comedor. Mientras se finalizaba el evento, las personas asistentes comenzaron a escuchar detonaciones en la calle. Cuando salieron se encontraron con móviles policiales y fuerzas especiales que no duraron en comenzar a reprimir con balas de gomas a las familias que se encontraban retirándose a sus casas. Ancianos, mujeres, jóvenes y niñes fueron herides por las balas policiales. Ingresando a las viviendas de forma violenta y sin mediar palabra alguna, detuvieron a seis personas. Entre ellas a un niño de 13 años y a dos pibes de 16. 

San Luis

En la provincia del gobernador justicialista Alberto Rodríguez Sáa la violencia policial es cada vez más frecuente. Y ante la imposición del APSO, la situación ha empeorado al punto de tener dos muertes en comisarías en lo que va de la cuarentena.

El domingo cinco de abril Florencia Magali Morales, una mujer mendocina de 39 años se dirigía en bicicleta por la calle Rivadavia en la localidad puntana Santa Rosa de Conlara cuando fue interceptada por la Policía. Al terminar su DNI en impar y estar -por ende- inhabilitada para salir según las disposiciones locales, la detuvieron y trasladaron a la Comisaría nº25. Después de forcejear y resistir su detención, fue trasladada al calabozo. Horas después, fue “encontrada” muerta. La hermana de la víctima asegura que a Florencia “la mató la policía”. Y también sostiene que hubo un intento de violación sexual por parte de los policías, ya que los mismos la habían acosado en anteriores oportunidades. Casi veinte días después, un joven de 16 años conocido como “Paco” fue “encontrado” muerto en la celda de la Comisaría de Asistencia a Niñez, Adolescencia y Familia en la ciudad de Villa Mercerdes. Había sido detenido la noche anterior mientras deambulaba por las calles –según la Policía- con el supuesto fin de realizar un acto delictivo. Mientras su madre firmaba la declaración jurada para retirarlo, le comunicaron que se había “suicidado” en la celda. El cuerpo del joven al igual que el de Florencia, presentaba golpes que no se corresponden con la versión oficial. A Magalí y a Paco, las mató un Estado representado por Alberto Rodrigúez Sáa, el responsable político de ambas muertes. 

“La Policía está utilizando los mismos métodos que en la época de la dictadura. Te detienen, te arrestan, te desnudan como están haciendo. Después te preguntan. Y después te largan. O no. O te largan muerto” le manifestó al medio local La Bulla, Lilian Videla, integrante de la APDH de dicha provincia. Vale la pena recordar que, en el año 1978, los hermanos Sáa junto a otros civiles enviaron una carta al genocida Emilio Massera delatando a otros civiles y pidiendo un “castigo ejemplar” para con ellos. 

El siete de mayo, en el barrio La Vecindad la Policía provincial allanó un merendero excusándose de buscar comida robada hace un mes y medio de una escuela cercana. La referente del local, mostró los comprobantes de compra del alimento, pero no fue suficiente para que los uniformados secuestren varios kilos de azúcar. Acusan de robar, violentan y después roban. Una lógica cínica que se repite en muchos lugares del país. 

San Juan

A la tierra del sol, la luna y la megaminería que precariza trabajadores y contamina ríos y cuerpos, se le suma la constante violencia institucional a cargo de la Policía de la cual es responsable político el gobernador justicialista Sergio Uñac. 

Desde que comenzó la cuarentena el gobierno se ha empecinado contra los trabajadores “trapitos”. “Seremos inflexibles con ellos en conjunto con la Policía comunal” sentenciaron las autoridades locales. Y se ve que, en materia represiva, son bastantes cumplidores con sus promesas. En las primeras semanas de abril, dos cuidadores de coches quedaron detenidos. “No me queda otra, yo necesito llevar plata para comer a mi casa, no recibo ningún plan ni nada, y esto es lo único que puedo hacer”, alcanzó a gritar uno de ellos mientras lo subían violentamente al móvil policial. Casi en simultaneidad, dos pibes de 16 años fueron detenidos por la misma Policía que tardó varias horas en avisarles a sus padres que los buscaban por todos lados. 

En el barrio Manantiales dos jóvenes se encontraban en la vereda de un domicilio cuando un patrullero de la Policía se acercó a intimidarlos. Como la fama de la sanjuanina va de mala a peor, los pibes huyeron corriendo. Finalmente fueron detenidos y condenados mediante juicio exprés a seis meses de prisión en un caso y a un año y medio en otro. En la mochila de los jóvenes solo hallaron dos envases de cerveza. 

En el barrio Basilio Nievas la Policía detuvo a un joven de diecinueve años de edad en la puerta de su domicilio. Los uniformados le pidieron su DNI y él –como no lo tenía a mano- les dijo que entraría a su casa para buscarlo y mostrárselo. Los funcionarios lo persiguieron dentro de su domicilio y lo apuntaron con sus armas. Lo golpearon y amenazaron a su mamá de 65 años con graves insultos. 

El lunes 13 de abril, trabajadores de la empresa INPROLEC fueron a reclamar a la casa de Gobierno los más de 200 despidos ilegales que han sufrido. Ocho de ellos quedaron detenidos. Fueron condenados a la pena de seis meses de prisión en suspenso. 

La Pampa

En la provincia del gobernador justicialista Carlos Alberto Verna, la represión y la violencia policial se están volviendo moneda corriente.

Desde el comienzo de la cuarentena denuncian que en Santa Rosa un auto blanco, sin identificación, con varios hombres de civil que dicen pertenecer a la Policía Federal Argentina recorre los barrios increpando gente de forma violenta y deteniendo arbitraria y específicamente a mujeres jóvenes.

En el Barrio Malvinas de General Pico, un hombre que salió a comprar pan recibió disparos de balas de goma por parte de la Policía. Terminó hospitalizado.

En General Acha, un peón rural de casi treinta años fue detenido por incumplir el aislamiento y terminó internado en terapia intensiva debido a los golpes recibidos por parte de los funcionarios públicos.

También en Santa Rosa, un hombre relató que mientras charlaba respetando la distancia aconsejada con una vecina, la policía se hizo presente sin mediar palabras haciéndolo golpear su cabeza contra la pared. Luego lo tiraron al suelo y lo patotearon entre varios. Lo detuvieron cuatro horas y fue liberado con imputación penal.

Misiones

En la provincia del gobernador peronista Oscar Herrera Ahuad, la Policía continúa con su ilegítimo y violento accionar.

El 19 de abril Gustavo Quevedo (19), un pibe de Colonia Itatí fue detenido por la Policía provincial cuando volvía de comprar en su moto. De forma violenta, lo bajaron y lo obligaron a hacer flexiones de brazos. Luego lo hicieron llevar su vehículo mientras lo escoltaban y lo torturaban pegándole rebencazos en la espalda. Se reían de él, lo insultaban y lo golpeaban. Y también lo amenazaban: “si llegas a irte en la moto te vamos a disparar”. Finalmente le quitaron la moto y lo hicieron volver caminando los 10 kilómetros que lo distanciaban de su domicilio. El joven realizó la denuncia y su caso lo está siguiendo la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de la Provincia de Misiones. 

quevedo_muchopalonoticiasFoto: MuchoPalo Noticias

A principios del mes de mayo en Posadas una joven de 21 años recibió un mensaje de un policía vía Facebook para ir a buscarla en camioneta a su domicilio. En el vehículo se encontraba otro policía más. Entre los dos la violaron reiteradas veces amenazándola permanentemente con sus armas reglamentarias. Luego la dejaron abandonada a la entrada de su barrio. También le robaron el celular. Los uniformados fueron detenidos y pasados a disponibilidad después de que la joven realizara la denuncia. 

La represión policial estatal se ha llevado más de ocho mil vidas desde la recuperación democrática. La institución nunca respondió por sus brutales crímenes contra el pueblo que proclaman “proteger”. La mayoría de los y las uniformados/as que matan, torturan, violentan y violan derechos y garantías, no son juzgados ni tampoco pasados a disponibilidad. Muchos de los policías asesinos siguen en funciones como si nunca le hubieran quitado la vida a una persona. Impunidad garantizada es lo que le prometen –implícitamente- a los y las policías en su “formación”. Imaginen el dolor y el sufrimiento que implica para los y las familiares de una víctima de la represión ver a la persona que mató a su hermano, hijo o nieto, cerca de sus casas y su barrio. E incluso lamentablemente es común en muchos casos, que las familias que deciden organizarse para pedir justicia sean constantemente hostigades y amenazades por los compañeros del policía homicida. 

“La guerra es la paz” era uno de los lemas en la sociedad distópica que narró George Orwell en su obra “1984”. Allí se refería irónicamente a la violencia policial que el Gran Hermano propiciaba todos los días con el fin de naturalizarla hasta un punto de que sea connotada como la paz que tanto se proclamaba buscar y/o defender. Creo que resume de manera concisa y acertada el principio fundacional de la Policía argentina. La paz que pregonan es la guerra que todos los días las distintas fuerzas de “seguridad” llevan a cabo en las calles, barrios, comisarías y cárceles del país en nombre de una “paz” que nunca existió y existirá mientras no haya la suficiente voluntad política de transformarla en una política pública concreta. 

Las comisarías del país desbordan de ciudadanos/as/es presos/as/es. Una gran parte de la población detenida en ellas no ha sido juzgada con un debido proceso. Es decir, están a la deriva de una justicia sesgada y cómplice de un sistema represor perverso que encierra gente sin haberla declarada culpable de lo que se la acusa. Entonces, por una decisión política y arbitraria de la Policía, se encierra a personas en condiciones inhumanas sufriendo hacinamiento y violencia de manera permanente. Es más grave el delito de encerrar a veinte personas en un cuarto donde entran siete y no dejarlos ir a un baño o ni siquiera alimentarse, que los delitos o supuestos delitos por los que han sido encarceladas dichas personas. ¿No les parece? 

Según el observatorio de represión de la Izquierda Diario desde el inicio de la cuarentena, ocurre un caso de violencia policial estatal cada 12 horas. Rubén López, militante, trabajador, e hijo del militante peronista y sobreviviente de la última dictadura Jorge Julio López (desaparecido por una patota policial ligada al genocida Miguel Etchecolatz en el año 2006), señala con preocupación: “las administraciones provinciales y nacionales desde la restauración democrática nunca han tomado medidas para democratizar a las fuerzas policiales”. Con respecto a las medidas que se han tomado contra los policías que actúan fuera de su reglamento y ley, opina: “me parece perfecto que se los sancione e incluso se los encarcele. Obviamente después de ser juzgados con el debido proceso”. Pero también aclara que muchas veces no se denuncian los hechos de violencia institucional llevados a cabo por los funcionarios públicos. “Ya sea por miedo, desconocimiento o falta de medios, muchas denuncias no llegan”, afirma López. Y también advierte: “y a veces ni con la denuncia alcanza, por eso el Estado tiene que evitar y prevenir estas situaciones ya que él es el responsable político directo, sea por acción u omisión”. En cuanto a medidas a tomar para frenar la violencia estatal policial propone de ejemplo la metodología de “control popular” llevada a cabo por La Garganta Poderosa en las villas y barrios vulnerabilizados del país. 

En muchas provincias a pesar de las medidas anti-despidos reglamentadas desde el Gobierno nacional, algunas empresas han despedido trabajadores, recortado salarios y precarizado las condiciones laborales aún más. En medio de una crisis sanitaria y económica dejan a cientos de familias a la suerte de un Estado que se está recuperando, pero todavía se encuentra resentido por su casi total destrucción durante cuatro años con el gobierno macrista. Los trabajadores y las trabajadoras tienen todo su derecho a pedir y reclamar por sus puestos de trabajo. El derecho a la protesta es legítimo y representa una herramienta ante los constantes hostigamientos de las patronales y los ceos de la postmodernidad. Ante esta situación, gobernadores como Uñac o Schiaretti han respondido reprimiendo a les trabajadores. Y por si la represión fuera insuficiente, los han imputado penalmente y algunes se encuentran todavía detenides. En un claro mensaje a la clase obrera, estos dirigentes con su metodología punitivita y clasista pretenden evitar tanto futuras protestas como la organización y unión de les trabajadores. Los miedos de los gobernadores se llevan puesto las vidas y los futuros de les trabajadores. Mientras tanto, la policía alienada y funcional al poder, reprime a su propia clase. 

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Ruben Lopez y Viviana Maria Alegre

Quienes se llevan la peor parte de la represión muchas veces son los trabajadores y las trabajadoras del mercado laboral informal: changueros/as, vendedores/as ambulantes, cuidadores/as de coches, trabajadoras/es sexuales, trabajadores/as de apps de deliverys y/o repartidores/as, etc. Viviana María Alegre, militante, trabajadora y una luchadora incansable por la verdad sobre la desaparición de su hijo Facundo Rivera Alegre el 19/02/2012 (en donde la Policía por acción u omisión tiene su responsabilidad), señala: “la represión es cada vez más y siempre contra los mismos sectores, siempre sobre la misma masa humana. Especialmente contra los pibes y personas de barrios populares y trabajadores independientes que deben salir a vender para alimentar a sus hijes”.  Con respecto al poder y la función que se les ha dado a las fuerzas de seguridad en la cuarentena, advierte: “le dieron el lugar donde mayor poder e impunidad tienen: las calles. Es ahí donde siempre quieren imponerse con su violencia”.

Una cuestión que preocupa de cara al presente y también al futuro no muy lejano es la vigilancia y control que las fuerzas de seguridad están teniendo en la virtualidad. Su presencia ilegal en las redes sociales de les ciudadanes es cada vez mayor. Si su disposición en la realidad cotidiana es criminal y arbitraria, su presencia en la virtualidad solo puede representar un peligro más -no menor- para el sistema político democrático.

Este comunicador agradece enormemente la participación de Rubén López y Viviana Alegre. Jorge Julio López y Facundo Rivera Alegre: presentes, ahora y siempre. 

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