Informe: situación represiva nacional en tiempos de cuarentena (Parte I)

Una revisión provincia por provincia, relatando y exponiendo denuncias de distintos hechos de violencia y represión estatal desplegados por todas las fuerzas de seguridad provinciales y federales a lo largo del país con el objetivo de visibilizar la cuestión represiva, la cual merece urgente tratamiento y erradicación. 

La cuarentena ha puesto de manifiesto –más que nunca- una verdad cantada: la policía reprime, violenta o asesina todos los días a determinadas personas y sectores de la sociedad, no cuida ni protege como su institución proclama. Y ante ello la pregunta: ¿Quién nos cuida de la yuta?.

 Foto Rodrigo Savoretti

Las distintas fuerzas de seguridad están haciendo regir la cuarentena bajo métodos y protocolos que no son aceptados por los distintos tratados internacionales sobre Derechos Humanos. Su comportamiento, lejos de corresponderse con un sistema democrático, en muchas circunstancias es cuasi dictatorial y autoritario a lo largo y ancho del país. Desde Tierra del Fuego a la Quiaca, la policía argentina, como otras fuerzas federales y provinciales han incurrido de manera reiterativa y uniforme en innumerables hechos de violación a los Derechos Humanos de ciudadanes argentines e inmigrantes. 

Antes de garantizar seguridad en un contexto mundial y particular tan adverso como lo significa una pandemia, solo generan desconfianza y miedo en grandes sectores de la población. Especialmente en los barrios menos favorecidos donde el accionar policial recurre constantemente a su lógica violenta, clasista y racista. Todos los días nos desayunamos con la noticia de algún laburante verdugeado o alguna vecina violentada sin justificación alguna. O peor aún, de un nuevo caso de gatillo fácil que se lleva la vida de un pibe más o una persona más. A la hora de reprimir, a les uniformades no les importan las leyes, los derechos ni la Constitución. Desde golpizas en patotas y violaciones sexuales hasta torturas y asesinatos. La locura por encerrar masivamente a ciudadanes –en contradicción con las medidas preventivas de la OMS- va desde improvisar corralones o cárceles en descampados a gimnasios o polideportivos utilizados como lugares de detención ilegal. 

En este informe nos detendremos en las situaciones que se viven en las calles y en algunas comisarías. No abordaremos la extrema situación carcelaria y penitenciaria que vive el país. Pero si es de su interés, aquí adjuntamos link de una nota reciente sobre el tema: https://masdeagencia.com.ar/contenido/215/covid-19-y-el-sistema-carcelario

Desde el Gobierno Nacional se ha intentado -en los pocos meses de gestión y ante una situación histórica como la de una pandemia global- cambiar el paradigma de seguridad con una perspectiva más acorde a una seguridad democrática orientada a no reprimir las protestas sociales ni a seguir con la doctrina “Chocobar” de mano dura impulsada -en gran parte- por la impresentable presidenta del PRO, Patricia Bullrich, responsable política de más de un millar de casos de violación a los DDHH. Pero cambiar la lógica violenta de una institución castrense e históricamente represora como la policía argentina no es tarea fácil. Es decir, no creer o pretender, aquí y ahora, que la violencia policial cese solo por el cambio ideológico de la gestión gobernante. Pero tampoco esperar, sin horizonte inmediato, políticas concretas que frenen la violencia que se ha llevado la vida de más de ocho mil ciudadanes argentines desde la recuperación de la democracia. Más aún cuando hace cuatro años se implementaba desde el Estado, pero bajo otro Gobierno, una política de persecución, represión y gatillo fácil. Tanto ciertos medios de comunicación hegemónicos (Grupo Clarín, La Nación, Infobae, entre otros) como los funcionarios macristas y radicales (en aquél momento oficialistas) tenían el mismo discurso criminalizador y hostigador hacia sindicatos, gremios, disidencias sexuales, inmigrantes, pueblos originarios, comedores populares, piqueteres, organizaciones de base, y así podríamos dar ejemplos sin parar. Desde su retórica ejercían una violencia simbólica que luego tenía cable a tierra con políticas represivas que en su propia esencia eran violentas para ese “enemigo interno” que siempre se correspondía con el estereotipo de un laburante, una persona inmigrante o un pibe de una barriada. Odio de clase en su máxima expresión.  

El nuevo Gobierno Nacional deberá tomar medidas que vayan en coherencia con un pedido histórico -que, debido a la impunidad de un sistema de justicia con sesgo de clase, género y “raza”- siempre está latente: “Juicio y Castigo”. Juicio y Castigo para los genocidas de la última dictadura cívico militar que recibieron su condena bajo las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y que hoy –muchos de ellos- son beneficiados con prisión domiciliaria por jueces negacionistas. Y Juicio y Castigo para los policías violadores de Derechos Humanos de la democracia contemporánea. Si no se toman medidas urgentes sobre la situación represiva nacional, la situación seguirá empeorando día a día.  

En época de pandemia, la violencia institucional policial y la represión se han incrementado mucho más. Al ser los y las oficiales quienes deciden en última instancia si los justificativos de les ciudadanes que “violan” la cuarentena son válidos o no, las comisarías y lugares de detención desbordan de personas. Antes de la cuarentena ya estaban superpobladas, ahora están por explotar. Y encima cuando lo recomendable es el distanciamiento y aislamiento social. Las condiciones en dichas unidades son inhumanas. Hacinamiento, escasa higiene y una peor alimentación, son las torturas que reciben miles y miles de ciudadanes que no pudieron evitar salir de su casa, seguramente, un número importante, por cuestiones laborales o lamentablemente porque no hay para comer.  

Según el Ministerio de Seguridad, unas 60 mil personas fueron detenidas por violar el aislamiento preventivo y obligatorio y más de tres millones de personas fueron notificadas con aperturas de causas penales por el mismo motivo. Teniendo en cuenta que la mayoría de les uniformades han sido formades bajo métodos violentos junto a una educación fundamentalmente autoritaria acorde a un sentido común que nada se cuestiona ni critica, sino que continúa con una tradición que se arrastra desde la dictadura, que fomenta el machismo, el autoritarismo y el punitivismo social y penal. Las policías han demostrado que en una situación de pandemia responden como solo ellos y ellas saben: a puñetazos, estados de sitios en barrios o pueblos enteros, balas de goma, itakazos y torturas. Herencia directa de la última dictadura cívico militar y sus genocidas. Videla ha muerto, pero muchos de sus perros están libres y deambulando nuestras calles. Cuando las Abuelas de Plaza de Mayo gritaron “Nunca Más”, se referían justamente a Nunca Más milicos violadores de derechos humanos en la sociedad argentina. A 43 años de su primera ronda en Plaza de Mayo, el pueblo sigue gritando y exigiendo a su lado.

Foto Press

La presente nota intenta abordar cuatro ítems: comunicar y reportar la violencia y represión policial de modo que quede registro para organizaciones de DDHH, organizaciones anti represivas y población en general; aportar opinión sobre el manejo de la situación represiva a nivel nacional; demostrar con hechos concisos que la Policía y las distintas fuerzas de seguridad y fuerzas militares federales como provinciales nunca se desligaron de las prácticas represivas instauradas por una tradición dictatorial que tiene en su legajo histórico y político seis golpes de Estado. Y, por último, incentivar a la ciudadanía en general a informarse por medios creíbles, involucrados con el paradigma de periodismo respetuoso de los DDHH, alternativos y/o anti represivos, más aún en contextos represivos del sistema neoliberal en la región y en el mundo. La consigna levantada en estos días por organizaciones políticas y de DDHH es el sur donde mirar y buscar “Los DDHH no están en cuarentena”.

A continuación, una recorrida por nuestro país y sus distintas provincias para que se entienda que, a la hora de accionar, tanto las fuerzas de seguridad provinciales como las federales, lo hacen de la misma manera: con represión selectiva y atentando siempre a los derechos ciudadanos y las garantías constitucionales. Es decir, los milicos y las milicas, quienes tienen la supuesta responsabilidad de proteger a la ciudadanía -y hacer respetar los derechos y las leyes- son quienes la amedrentan y violentan todos los días. Aquí se mencionan solo algunos casos (no todos) ocurridos en distintos puntos del país, la cantidad de violaciones a los Derechos Humanos en materia represiva es tanta y cotidiana que no alcanza una nota extensa como la presente. 

Chaco

En la provincia hay 11472 personas detenidas. 

El jueves 2 de abril la Policía chaqueña irrumpió sin orden de allanamiento el domicilio del Cacique Wichi Mariano González en el Paraje “Tartagal” con la excusa de buscar su hijo por una supuesta agresión a un uniformado. Ahorcando a su esposa, y pegándole con un palo en la cabeza a González, la policía comenzó a disparar balas de gomas contra les vecines hermanes que se acercaban a defender a la familia. “Con la excusa de la cuarentena, se está produciendo una persecución y ensañamiento con los jóvenes indígenas más que nada, una verdadera cacería de indígenas” advierten desde la Guardia Indígena Comunitaria Whasek. Cinco siglos igual.  

Santiago del Estero 

No hay números exactos de personas detenidas.

La Garganta Poderosa denunció varios hechos de violencia institucional sufridos por sus integrantes en dicha provincia. Aquí van solo algunos. A finales del mes de marzo, la Policía santiagueña detuvo arbitrariamente a la compañera Elisabeth Ibañez del Barrio Belén cuando se dirigía a cobrar el IFE. La llevaron a la Escuela de Policía y allí la humillaron obligándola a desnudarse. Otro compañero de La Poderosa, Juan Carlos Carrizo, el miércoles 25 de marzo fue secuestrado por la motorizada en la puerta de un un vecino con capacidades diferentes, mientras esperaba para darle repelente y alcohol en gel. Sin motivo y en arbitraria detención, lo trasladaron a la Comisaría 5 y en un calabozo, lo patotearon y le dieron culetazos con la itaka. Lo tuvieron siete horas con los pantalones bajos y en un estado inhumano. Lo largaron cuando la Comisaría recibió un llamado de Buenos Aires pidiendo explicaciones. El sábado 4 de abril la Policía provincial irrumpió ilegalmente en la Casa de las Mujeres y Disidencias del barrio Bosco II exigiendo que se retiren de ese lugar las mujeres que cocinaban para el comedor popular. Al día siguiente, Jorge Peralta fue detenido cuando revolvía en la basura en búsqueda de comida. Fue allí cuando la cana lo detuvo, le secuestraron su carro y lo mantuvieron incomunicado por más de siete horas. Ni derecho a comer, ni derecho a la comunicación inmediata. La Policía en Santiago es juez, fiscal y empresario neoliberal al mismo tiempo. 

 “Todas las detenciones fueron absolutamente arbitrarias y violentas; en ninguna existió la posibilidad de darle aviso a la familia. Desconocemos qué medidas se tomaron con los efectivos de las fuerzas, pero sí sabemos, porque lo sufrimos, que se lastima, se secuestra y se tortura con la justificación de violar la cuarentena, aunque en realidad está permitido salir para ir a comprar o buscar comida, medicamentos o retirar dinero. Así nos protege la Policía de Santiago del Estero” sentenciaron desde la organización.

 El sábado 18 de abril en la localidad de Los Jauríes un joven que violó la cuarentena fue detenido y golpeado con tanta violencia que termino con una fractura expuesta. Un periodista de la radio local FM Hu-Na denunció el hecho y por ello recibió amenazas hasta de la titular de la oficina local de Derechos Humanos. Pareciera que los violentos le tienen miedo a la prensa sin miedo. 

 Santa Fe

 Más de 15 mil detenides.

 En la provincia de los sicarios y las ametralladoras donde las cúpulas policiales se tildan de narcos unas a otras, y donde grupos de policías detienen a grupos de gendarmes por robo y extorsión, la violencia institucional es una lamentable costumbre. 

El 28 de marzo, Alejandro Gómez y Franco López fueron detenidos y trasladados a la Comisaría 12. Una vez allí, los desnudaron y los golpearon. El primero de abril, la policía arrestó a Nahuel Aguirre para dejarlo en el patio de la misma comisaría porque llovía. El mismo día, la misma fuerza, detuvo a dos pibes en el Barrio Empalme, les apuntaron con sus armas, los ahorcaron y palotearon en la esquina de Génova y Chaco. Por si fuera poco, les robaron el celular, la tarjeta alimentaria y treinta pesos. Si, así como leíste. ¿Quién detiene a estos ladrones? Están libres y portan armas. No estaría escuchando ninguna cacerola.

El 30 de marzo por la tarde, la policía santafesina secuestró un camión con cereal de la familia Marinucci en la localidad de Bigand. La familia agricultora y campesina es conocida en la zona por su lucha por la tierra, respaldada por la Federación Agraria Argentina. Desde hace años producen alimentos autorizados por una orden de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Los oficiales, sin orden de allanamiento ni fiscales, procedieron al domicilio efectuando tiros al aire. El padre de la familia, conmocionado por el hecho, debió ser hospitalizado. Ya habían sufrido un intento de desalojo ilegal por parte de la misma fuerza el año pasado. Pareciera que para producir alimentos en el campo hay que adaptarse a la ley del mercado: si no sos gringo y sojero funcional al modelo agrotóxico, no tienes derechos. O por más que los tengas, te los violan constantemente funcionarios estatales armados y con intereses más que obvios. Se ve que a los gorilas les gustan las frutas con glifosato. 

El ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, dijo que la policía “está haciendo un muy buen trabajo” y que no hay casos de abuso de autoridad por parte de los mismos. Sus dichos de ocultamiento fueron repudiados por más de setenta organizaciones sociales, políticas y religiosas con fuerte trabajo y militancia en los barrios populares. Con respecto al hostigamiento sufrido, le respondieron: “fueron sucesos en donde la policía procedió de manera totalmente violenta, mediante golpes, agravios y amenazas, sustracción de DNI, hostigamiento permanente, detenciones que sobrepasan las ocho horas e ingresos a las viviendas sin orden judicial en algunos casos”.  

Según CORREPI, el primero de abril en Rosario, tres menores de edad volvían a sus casas con mercadería que vecines les habían aportado cuando la policía los interceptó de forma violenta y les quitó la comida acusándolos de haberla robado. La policía roba y acusa de robar. Queda claro una vez más quiénes son los ladrones en este caso.

Esto no termina acá. El domingo cinco de abril en la ciudad de Rosario los gendarmes Roberto Florentín, Ramón Galván, Daniel Moreira y Néstor Manuel Cabrera entraron ilegalmente al domicilio de un particular. Una vez allí, le robaron siete mil pesos y lo golpearon pidiéndole más dinero. No conforme con ello, lo secuestraron y trasladaron en una camioneta de la fuerza por varias cuadras a la redonda donde le exigieron la entrega de doscientas lucas -en un plazo de tiempo determinado- para no ser detenido. La víctima hizo la denuncia apenas lo bajaron y los gendarmes cayeron detenidos por la policía unos días después cuando se iba a realizar la entrega del supuesto dinero. Fueron imputados el sábado once de abril a dos años de prisión preventiva.  ¿Usted se sorprende de la rapidez con la que actuó la Justica en este último caso?  Seguramente sí. Tendría que no sorprendernos por actuar como debe actuar. Pero tanta impunidad ya conocida en donde los jueces omiten los homicidios por gatillo fácil y las desapariciones forzadas -no juzgando a les oficiales implicades o dejándoles en libertad- que la injusticia se parece bastante a la cotidianidad.

Neuquén

Más de 1500 personas detenidas. 

 A partir del 22 de marzo el ejecutivo provincial decreto una especie de “toque de queda” para toda la población. Esta medida es totalmente inconstitucional y arbitraria ya que se vio a muchos funcionarios violando la cuarentena sin ser detenides a diferencia de les demás ciudadanes.

En la mañana del sábado once de abril, la docente Giselle Kler fue detenida arbitrariamente por la policía en un control de tránsito cuando se dirigía a su casa después de haber comprado alimentos. La violentaron y la llevaron secuestrada a un móvil. 

Desde el Partido Obrero de Chos Malal denuncian que Federico y Tamara, dos de sus militantes fueron detenides cuando regresaban de dar su apoyo a la caravana de mineros de Andacollo que recorría distintas localidades para visibilizar sus reclamos. Los tuvieron detenidos todo un día. ¿El motivo? Apoyar a otros obreros. 

El sábado 19 de abril a la noche, la Policía se hizo presente a tiro de escopeta en el barrio Belgrano de la Plaza Huincul por un supuesto disturbio entre vecines. Casi nueve días después, ocurrió un hecho similar en Villa Ceferino donde reprimieron con balas de goma. Cambiaron la bala, no la represión.

En las últimas semanas ocurrió un hecho también horrible. CORREPI lo relata de la siguiente manera: “una mujer fue a una comisaría, alertada porque habían detenido a su pareja. Le indicaron que esperara afuera, que pronto sería liberado. Mientras estaba sentada frente a la entrada, dos policías la encararon, uno de ellos portando una escopeta. La insultaron y ordenaron que se fuera. Cuando estaba llegando a la esquina, la alcanzaron y le dijeron “Por pelotuda te vamos a demorar”. La retuvieron esposada por más de tres horas, la imputaron penalmente, le robaron $800 que tenía encima e irónicamente le sugirieron tomar un Ibuprofeno para las manifiestas lesiones de sus muñecas”.

Tucumán

Más de 5000 detenides.

Militantes de la organización FOL, denunciaron que una compañera fue detenida a pesar de contar con autorización permitida para realizar tareas comunitarias en un merendero de Villa Luján. También denuncian persecuciones y hostigamiento policial con especial ensañamiento por su condición de militantes barriales. 

El 15 de abril un anciano de 70 años fue en moto a comprar medicinas para él y otra vecina jubilada. Hasta ahí todo normal. Pero apareció la maldita policía tucumana cuando el hombre estaba llegando a su domicilio. Lo insultaron, luego lo bajaron de la moto y lo golpearon en el piso para llevárselo detenido. Todo esto ante una vecina que filmaba los hechos.

Tres días atrás, mientras escribía esta nota me llegaba la noticia de que la policía tucumana estaba reprimiendo ferozmente a la comunidad indígena de El Mollar por un corte de ruta. El mismo se llevaba a cabo sobre la ruta 307 para sostener una medida de la comunidad que establecía cortar el paso a les turistas para resguardar a la población del coronavirus. La cacique Margarita Mamani se encuentra con prisión domiciliaria y hubo cinco personas heridas. Otres dos comunales quedaron detenides. Mientras les burgueses de Tafi del Valle bajan y circulan como se les canta, a los pueblos originarios los reprimen de manera brutal. Basta de criminalizar las protestas legítimas. 

 Santa Cruz

 No hay números exactos de personas detenidas.

 El 17 de abril fue asesinada la docente Jesica Minaglia en el interior de su vivienda. El femicida es Pablo Nuñez, su ex pareja y miembro de la policía provincial. Es preocupante la cantidad de policías femicidas. Las víctimas de violencia de género con victimario policía no hacen denuncias por miedo a ser detenidas arbitrariamente (en el mismo instante) o botoneadas ante su maltratador. 

El lunes 20 de abril, en la localidad de Caleta Oliva, el joven Bautista Brizuela volvía en moto su casa después de trabajar en una granja en el cuidado de animales con la debida autorización cuando policía del GOM, grupo de tareas especiales, lo comenzó a perseguir disparando balas de goma. Por si fuera poco, se sumaron unidades policiales y lo encerraron logrando que el chico pierda el control y chocara. Hoy, los policías están todos libres y en su casa. Mientras que el pibe continua en terapia intensiva luchando por vivir. 

 Salta

 Más de 6000 personas detenidas.

 El 23 de marzo, una mujer casi queda detenida ante la insistencia para denunciar que un vecino con antecedentes de abuso infantil violó a su hija menor cuando ella se dirigía a comprar. En la comisaría los policías y la fiscal argumentaron que no podían hacer nada por la cuarentena. El violador continua al lado de su casa. Mientras la niña y la madre continúan aterradas sin respuestas. Un horror por donde se lo vea. Basta de abuso infantil, trata de personas y violaciones sexuales amparadas por la policía patriarcal y cómplice. 

En los primeros días de abril, una trabajadora autorizada para circular fue detenida por la Policía provincial junto con su hija de catorce años cuando se dirigían en su auto. Al grito de “negras de mierda, tenemos que venir a perder tiempo con ustedes, encima feas” las llevaron a la comisaría donde fueron separadas. La madre fue golpeada, insultada y discriminada en la unidad policial. Luego fueron imputadas penalmente y liberadas.

El siete de abril, en la localidad de Güemes, la policía local irrumpió en un barrio disparando balas de gomas contra vecines que se encontraban en la vereda. Fue allí cuando uno de los tantos proyectiles hirió el ojo de una nena de seis años. La menor no sabe si podrá salvar su ojo. Los uniformados están en libertad y con sus ojos sanos.

El catorce de abril en Joaquín V. González, Emiliano Albarracín, iba en su moto haciendo delivery para una sandwichería cuando personal policial empeño una persecución a los tiros. El joven de 17 años está en coma, con un pulmón perforado y con su pierna y mandíbula quebradas. El mismo día, Daniela Ruiz, de 23 años, se dirigía a un cajero a pagar una factura cuando fue detenida por uniformados de la comisaría 20. Ignorando que era una actividad autorizada, le secuestraron la moto y la golpearon brutalmente. Cuando su madre y su tía fueron a buscarla, la encontraron con graves marcas en su cuerpo. Fue allí cuando Romina Díaz, su tía, exigió los nombres de los violentos para denunciarlos. De paso le sacó una foto al móvil estacionado. En ese momento, dos mujeres policías la redujeron y arrastraron hasta los calabozos. La imputaron y por orden de la fiscalía actuante le notificaron que debía “abstenerse de realizar publicaciones por los medios de comunicación en contra de la institución policial”. Una vez más, la policía con miedo de que su imagen se ensucie. Les molesta la mala imagen y no la mala acción. 

A finales de abril, la Gendarmería Nacional allanó “objetivos importantes” en el norte de la provincia. Para sorpresas de pocas personas, uno de esos objetivos fue la delegación de la Policía Federal en la ciudad San Ramón de la Nueva Orán. Dos agentes fueron detenidos y puestos en prisión preventiva. Se los imputa por robo a un comerciante y también viajes sin autorización a Formosa y Bolivia en donde además se los acusa por los delitos de extorsión y tráfico de estupefacientes. En este caso, se dio lo inverso al caso de Rosario. Gendarmes detuvieron a policías. Son de distintas fuerzas, pero se parecen mucho. El azul y verde de sus uniformes no cambia el negro luto que visten en sus corazones ortivas. 

 En una segunda entrega de esta nota, se expondrá los casos de las restantes provincias.